El Poder Judicial de Sullana decidirá el próximo 5 de noviembre si ordena los 36 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes del «Clan Marchena», entre los que se encuentran los alcaldes de Ayabaca y Lagunas, Baldomero Marchena Tacure y Humberto Marchena Villegas.
El juez Jorge Nole Sócola del Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana determinará en audiencia del 5 de noviembre a las 8:00 a.m la situación legal de los alcaldes de Ayabaca y Lagunas, Baldomero Marchena Tacure y Humberto Marchena Villegas, presuntos cabecillas de la red delictiva.
Ayer se culminó la última de las 15 audiencias en las que la Fiscalía Anticorrupción de Sullana, sustentó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra los alcaldes. Además se solicitó el mismo pedido para Bianca Nonajulca Ávila y Danni Teresa Rivera Calle; los contratistas Darío Palacios Aguilar, Ángel Miguel Sandoval Ojeda, Mirian Consuelo Rivera Malacatos, Guillermo Valle Tocto, Nélida Niño Rivera y Carlos Alberto Flores Paz.
Todos ellos son investigados por los delitos de colusión agravada, asociación Ilícita para delinquir y presunta organización criminal, en agravio del Estado.
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Durante las audiencias el fiscal Anticorrupción Luis Ramos Riojas presentó como pruebas el testimonio de aspirantes a colaboradores eficaces, así como audios de los implicados en los que se evidenciaría una coordinación entre los alcaldes, funcionarios y contratistas, quienes habrían sido favorecidos en procesos de selección de la Municipalidad de Ayabaca.
Además la tesis del Ministerio Público es que los cabecillas de esta red, los alcaldes Baldomero Marchena y Humberto Marchena crearon empresas fachada para ganar licitaciones de proyectos que ellos mismos ejecutaban. Además solicitaban «coimas» para favorecer a los contratistas, quienes eran de su entorno más cercano.
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Una de los hechos investigados es la sobrevalorización en los precios de semillas por más de un millón de soles, en las que se habrían cometido una serie de irregularidades para direccionar los procesos de contratación en favor de proveedores allegados al «Clan Marchena».
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