Gustavo Guarnizo
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A pocas horas de conmemorarse un año de esa fatídica mañana del lunes 27 de marzo del 2017 en la que miles de familias del Bajo Piura vieron como el agua del río invadió su hogar, dejándolos literalmente en la calle y solo con la ropa que tenían puesta; su calvario después de la inundación continúa.
Los terrenos que ahora ocupan, son solo eso. Unas planchas de tríplay, estera o cañas de carrizo, asentados sobre la arena dan forma a lo que ellos llaman casa, las cuales tienen unas cuantas calaminas que poco o nada les ayuda a protegerse del viento y arena que abunda en este desierto plagado de promesas incumplidas.
Solo en los albergues de San Pablo y del kilómetro 980 son más de 2,000 familias damnificadas, las que ven pasar los días, semanas, meses, y ahora años, sin que haya una voluntad real de las autoridades para darles estándares mínimos de calidad de vida para los niños, mujeres y ancianos. Falta de agua, de servicios higiénicos, energía eléctrica y una vivienda digna es el calvario de una Semana Santa que para ellos no termina, y cuyo destino esta en las manos de la Comunidad Campesina de Catacaos, las Municipalidades de Catacaos y Curamori, y el Ministerio de Vivienda.
En el albergue de San Pablo, su dirigente Cristobal Timaná Sandoval, sostuvo que la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos debe entregarles formalmente el terreno para que el Ministerio de Vivienda pueda ejecutar el proyecto de módulos de vivienda. En este albergue hay 620 familias damnificadas provenientes de Nuevo Catacaos, Montesullón, Pedregal, y Jorge Chávez.
“En el proyecto de los módulos, de solo 35 metros cuadrados, está incluido el proyecto de agua y desague, luz eléctrica, y pistas y veredas”, manifestó. Ahora lo que necesitan es tener vias de acceso a sus viviendas para que los vehículos no les dejen muy lejos, para ello requieren que la Municipalidad los apoye con la maquinaria y combustible.
Los damnificados llegaron al desierto el mismo día del desborde del río. Desde entonces han intentado seguir su vida en un pedazo de terreno de 250 metros cuadrados por familia, las primeras semanas sobrevivieron con las muestras de solidaridad de la comunidad piurana, luego el Estado los asistió con algunas calaminas, y tríplay, y hace dos meses tienen agua muy en sus gracias con la ayuda de las ONG internacionales. Antes gastaban cinco soles cada uno o días para abastecerse del líquido elemento.
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Las necesidades son las mismas en los albergues ubicados a lo largo del Kilómetro 980. Ahí hay siete zonas Santa Rosa, Tupac Amaru I, II, y III; Jesús de Nazareth, Cristo Viene, Lauterio y San Martín, donde hay unos 1.500 familias damnificadas provenientes del distrito de Cura Mori.
Los escolares de secundaria también están expuestos al peligro pues deben transitar un largo tramo desde los albergues hasta el Complejo Educativo ubicado en Cura Mori. Ellos gastan más de 2.50 soles al día, pasar por la Panamericana, ir por un canal y luego por una trocha hasta llegar a su escuela. La solución sería habilitar una carretera más corta, e iniciar de inmediato un proyecto para que haya un colegio secundario en la misma zona.
(Noticias Piura 3.0/Gustavo Guarnizo)
Hasta diciembre Instituto Nacional de Defensa Civil, les daban arroz, azúcar, menestra y aceite a los dirigentes para que les den a los damnificados; pero en los últimos tres meses eso cambio, así como también la necesidad de agua se hizo más urgente. La cisterna de la municipalidad de Cura Mori se encarga de llevar agua pero hace un mes que no llega.
La dirigente Pascuala Zapata Chiroque sostiene que este problema se solucionará con el saneamiento físico legal del terreno, el cual ahora está en litigio judicial entre la Comunidad Campesina de Catacaos y empresas agrícolas uveras que operan en la zona. Esto generó un conflicto social, que incluso cobró la vida de un poblador.
En este punto el dirigente Carlos Paz coincide en la importancia de contar con la extensión de terreno saneada para que el Ministerio de Vivienda pueda intervenir con proyectos de vivienda, agua y desagüe y energía eléctrica. Para ello trae a colación un convenio firmados entre las autoridades del Ministerio de Vivienda, de la Municipalidad de Cura Mori, los representantes de las empresas agrícolas, y los dirigentes de los siete albergues.
Paz afirma que se logró la pacificación entre las empresas y los damnificados, por ello la empresa Regina les ha proveído de tanques con capacidad para almacenar 25 litros de agua cada uno, y del cual se abastecen las 1.500 familias de los albergues. Incluso algunos vienen en motos y burros hasta Santa Rosa para llevar el liquido.
(Noticias Piura 3.0/ Gustavo Guarnizo)
Entre los acuerdos estipulados, el 28 de noviembre, la Municipalidad de Cura Mori no estaría cumpliendo los suyos, es por ello que no se avanza. Según explica Paz, la comuna debe cobrar los arbitrios a la empresa Santa Regina, pero no lo hace. Por ello ya le han enviado un documento a los funcionarios de la comuna recordándole esta obligación.
El conflicto por la propiedad de las tierras viene desde años atrás. Este consiste en que en la Comunidad Campesina de Catacaos reclama como suyas 10 mil hectáreas de tierras que hoy están en manos de empresas agrícolas. Los damnificados hoy están asentados en 200 hectáreas del terreno en litigio.
“La necesidad fundamental es tener una vivienda, lo que hoy padece la población es la falta de agua, el agua que tenemos no alcanza para los siete albergues”, expresó.
El sueño de los damnificados es que el Ministerio de vivienda les habilite un módulo de vivienda de 35 metros cuadras, sobre el área que les han destinados a ellos que es de 300 metros cuadrados tal como eran sus predios en las zonas donde vivían antes de la inundación. Con ello también tendrían acceso al servicio de agua y de luz.
Al cumplirse un año de la tragedia, las ONG e instituciones de cooperación internacional, tales como Unicef, Organización Internacional para Migraciones, Coopi, Usaid, entre otras, dejarán de operar y estas familias quedarán a merced de la capacidad o incapacidad de las autoridades locales, regionales y del Ejecutivo.
