Un reciente estudio del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y Grade pone en evidencia que los estados de emergencia decretados por el Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana no son efectivos. A pesar de las repetidas medidas de excepción aplicadas en Lima y Callao, la delincuencia no solo persiste, sino que, según el estudio, tiende a migrar temporalmente para luego regresar una vez que las restricciones son levantadas.
El más reciente caso que despertó la indignación pública fue el asesinato de Jorge Ríos, un conductor de transporte público de Los Olivos, quien fue brutalmente asesinado el 22 de septiembre por negarse a pagar un cupo de S/7 diarios. Este hecho subraya el alarmante crecimiento de la violencia y la extorsión en la capital y el puerto chalaco.
Una medida repetida, pero sin impacto
El Ejecutivo ha vuelto a declarar el estado de emergencia, esta vez en 13 distritos de Lima y uno del Callao, por un periodo de 60 días. Sin embargo, según Wilson Hernández, investigador responsable del estudio titulado ‘¿A costa de qué?: Impacto de corto y mediano plazo de los estados de emergencia en el Callao sobre la seguridad ciudadana, violencia de pareja y el bienestar social’, estas medidas no logran reducir significativamente los niveles de criminalidad a largo plazo.
“La delincuencia solo se desplaza cuando se declara el estado de emergencia en un distrito; aumenta en los alrededores, y una vez que culmina la medida, regresa al mismo lugar”, señala Hernández, indicando que la criminalidad se reubica momentáneamente, pero no desaparece.
Repetidos estados de emergencia sin resultados concretos
En los últimos dos años, Lima ha estado bajo estado de emergencia en cinco ocasiones, mientras que Callao lo ha enfrentado tres veces. No obstante, a pesar de las reiteradas implementaciones de esta medida, los índices de criminalidad continúan aumentando. Hernández afirma que el estado de emergencia solo genera una disminución mínima en la delincuencia durante su aplicación, y no impacta a largo plazo.
Además, una encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) realizada en 2023 refuerza esta perspectiva: 60.2% de los encuestados considera que el estado de emergencia es poco efectivo para frenar la delincuencia, mientras que un 33% lo califica como ineficaz y solo el 3.8% lo percibe como una medida efectiva.
Extorsión: un problema difícil de erradicar
Otro punto importante del estudio se centra en el tema de la extorsión, una práctica criminal cada vez más extendida. Hernández destaca que, aunque menos visible, la extorsión es masiva y silenciosa. El investigador asegura que el estado de emergencia no es una medida adecuada para frenar este delito: “Para los problemas de extorsión, el estado de emergencia difícilmente será útil”.
