La fiscal adjunta provincial, Cristina Gómez, ha criticado con dureza la reciente aprobación en el Congreso de una ley que hace imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves. La fiscal considera que esta norma, diseñada para el sistema penal adulto, es «muy dura» y podría ser contraproducente al aplicar penas severas a jóvenes, sin contar con un respaldo técnico que demuestre su eficacia para reducir la delincuencia.
Gómez señaló en una entrevista que la ley es “populista y engañosa”, pues el aumento de penas no garantiza la disminución del crimen. A su juicio, el Congreso ha optado por una salida «fácil e irresponsable», ignorando la falta de un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la criminalidad juvenil.
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Además, la fiscal advirtió que el sistema penitenciario de adultos, donde se encuentran reclusos violentos y reincidentes, no es un ambiente adecuado para resocializar a los jóvenes. Para prevenir la delincuencia, Gómez propuso fortalecer los programas de justicia juvenil restaurativa del Ministerio Público, que trabajan en conjunto con psicólogos y asistentes sociales, y buscan el compromiso de los adolescentes y sus familias en un proceso de reintegración.
También expresó preocupación por la situación de las Unidades de Protección Especial (UPE) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), los cuales, dijo, están sobrepasados en su capacidad de atención. Según Gómez, esta falta de recursos impide que el Estado proteja adecuadamente a niños y adolescentes en riesgo, quienes terminan retornando a situaciones de vulnerabilidad.
