El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción de Sullana, Luis Ramos Rioja, informó que a más de 12 meses de investigación en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara y de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) por presuntos actos de corrupción, señaló que son 15 los funcionarios y 27 docentes que están siendo investigados por pertenecer a la presunta organización criminal.
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Ramos dijo que hay un promedio de 42 personas involucradas, después que saliera a la luz supuestos abonos irregulares a sus cuentas y luego apropiarse del dinero. Todos están comprendidos desde el inicio de la investigación preparatoria.
«Ya hay un promedio de 40 personas involucradas, nosotros estamos atrás, dándole mayor prioridad a los funcionarios porque en la mayoría de casos se han valido de esos docentes, que al parecer han sido engañados y otros chantajeados por un tema de renovación de contrato y en otro caso si les han dado una comisión por estos abonos», indicó el fiscal.
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Aclaró que por el momento, no se ha solicitado la prisión preventiva a los profesores por ser una medida coercitiva que solamente se utiliza en determinados momentos, «cuando se cumplan los presupuestos y elementos de convicción, pena superior a los cuatro años, peligro de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación. Solamente cuando se presentan estas circunstancias nosotros acudimos a la prevención preventiva», dijo.
Precisó que en el caso de los docentes no habrían formado parte de esta organización criminal, por lo que el delito de asociación ilícita, es un delito independiente al delito de peculado que sumada las penas ya hay una gravedad en el actuar del funcionario.
«Es por eso que en contra de los funcionarios si hemos sido bastantes drásticos desde el inicio, por eso le hemos pedido las primeras prisiones preventivas», manifestó Ramos.
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Sin embargo, se va a analizar la situación de los otros funcionarios y ver si es factible o conveniente en este momento de pedir una detención o una prisión preventiva, mientras tanto, se encuentra en una etapa de investigación preparatoria.
Cabe precisar que el perjuicio económico es de 2 millones 800 mil soles, según el informe presentado por la Contraloría de la República del año 2015-2016.
Respecto al caso de la consejera regional por Talara, Grecia Arriola, el fiscal indicó que se ha formalizado la investigación en contra de ella, y se está corroborando la información
«Hay bastante información y analizamos todo un sistema en base a toda esa información que va recabando los peritos y que nos van alcanzando así vamos a poder esclarecer cuál ha sido la participación de cada uno de los actores».
