La Fiscalía de la Nación ha solicitado al Poder Judicial la ampliación de la prisión preventiva a Pedro Castillo en relación con el caso golpe de Estado. El expresidente enfrenta cargos por el presunto delito de rebelión y se le pide una condena de 34 años de prisión.
Esta solicitud ha sido presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios y está siendo evaluada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Juan Carlos Checkley. La medida original de prisión preventiva expira este jueves. Sin embargo, si el juez no aprueba la prolongación o no emite una resolución el mismo 6 de junio, Castillo Terrones permanecería en prisión debido a una segunda orden de prisión preventiva vigente.
Esta segunda orden, que dura 36 meses, fue dictada también por el juez Checkley y está relacionada con casos de organización criminal y corrupción en los proyectos Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía. Esta orden ha estado en vigor desde marzo de 2023 y se prevé que continúe hasta marzo de 2026.
Actualmente, el proceso por el caso de golpe de Estado se encuentra en la etapa de control de acusación. En esta fase, el juez Checkley está evaluando la acusación fiscal y los recursos de las defensas para determinar si el juicio procederá. Pedro Castillo y su exministra Betssy Chávez son los únicos acusados que se encuentran bajo prisión preventiva por este caso.
En contraste, los exministros Aníbal Torres, Roberto Sánchez y Willy Huerta enfrentan las acusaciones bajo libertad con restricciones.
