La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó el miércoles 26 de abril una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por ser los presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
El recurso fue interpuesto al cumplirse más de dos años del caso ‘Vacunagate’, el escándalo que involucra a 487 personas, entre ellas altos funcionarios y empresarios, por recibir de forma irregular la candidata a vacuna contra el COVID-19, en el marco de la fase III de las pruebas clínicas que realizaba la farmacéutica china Sinopharm en el Perú.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el entonces mandatario habría abusado de su cargo para «inducir» a Germán Málaga Rodríguez, investigador principal del ensayo clínico de la vacuna china, a que le dé seis dosis de la vacuna para que sean administradas a él, su esposa Maribel Díaz Cabello y su hermano César Vizcarra Cornejo.
Las vacunas en mención – señala la acusación constitucional – formaban parte del lote de 3 200 dosis que habían sido enviadas por Sinopharm única y exclusivamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal vinculado con el ensayo clínico; tal como establecía el “Protocolo de uso de vacuna de personal”.
La Fiscalía precisa que la voluntad de Málaga Rodríguez “habría sido doblegada” ante la investidura y autoridad” que representaba en ese momento el también exgobernador regional de Moquegua.
En su declaración ante las autoridades, Javier Málaga confesó que el 30 de setiembre del 2020 recibió una llamada desde Palacio de Gobierno. Se trató de Alba Hilares Baca, diplomática destacada a la Secretaría General de la Presidencial, quien le comentó que Martín Vizcarra deseaba reunirse con él al día siguiente en Palacio de Gobierno.
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El investigador aceptó el encuentro y acudió a la sede de Gobierno, donde el entonces mandatario le mostró su interés en la candidata a vacuna contra el COVID-19 y consultó si era segura. El encuentro entre ambos quedó registrado en el portal de visitas de palacio.
“Yo le dije [a Martín Vizcarra] que sí y que inclusive ya me había inoculado y el presidente me solicita que yo lleve dos dosis de vacunas al día siguiente [2 de octubre]”, comentó.
Es así que el 2 de octubre de 2020, fecha en que el Perú registraba más de 821 mil contagios y 609 fallecidos por Coronavirus, la enfermera Cynthia Castillo Flores les aplicó a Vizcarra su esposa primera dosis de la vacuna anticovid bajo la supervisión de Málaga.
La aplicación de la segunda dosis de la vacuna se programó para el 29 de octubre, pero un día antes Málaga Rodríguez recibió un mensaje de WhatsApp de la entonces secretaria de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, Mónica Moreno Martínez, quien, por disposición de Vizcarra Cornejo, pedía que llevaran tres dosis.
En esa oportunidad también fue inoculado con la dosis adicional el hermano mayor del exmandatario, César Vizcarra, quien se encontraba en Palacio de Gobierno.
La segunda dosis, según refirió Málaga, se aplicó en la vivienda de Martín Vizcarra en el distrito de San Isidro, el 18 de noviembre de 2020, días después de que el Congreso aprobara la moción de vacancia presidencial.
“Cuando el presidente [Martín Vizcarra] había sido vacado, se coordinó la aplicación de la segunda dosis de vacuna de su hermano, lo que ocurrió en el domicilio del expresidente, para lo cual fuimos acompañados de la enfermera Cynthia Castillo”, señaló el investigador.
En la denuncia constitucional, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señala que las vacunas, aplicadas a Martín Vizcarra y sus familiares, representaban “bienes con valor patrimonial” y, además, permitían a los inoculados “estar inmunizados contra una enfermedad que, a la fecha de los hechos había cobrado la vida de muchas personas en el país”.
Aunque ha pasado más de un año desde la exposición del caso ‘Vacunagate’, el expresidente Martín Vizcarra insiste en que su inmunización formó parte de un ensayo clínico. Su abogado Fernando Ugaz también ha negado que su patrocinado haya abusado de su cargo, como lo imputa el Ministerio Público.
