El Fondo de Vivienda Policial de la Policía Nacional del Perú (Fovipol) ha sido objeto de dos auditorías de cumplimiento realizadas por la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Estas auditorías revelaron que Fovipol favoreció indebidamente a un contratista y un desarrollador inmobiliario con pagos de adelanto por más de S/ 34 millones para la ejecución de proyectos de vivienda en Lambayeque y Piura, que hasta la fecha no han sido concluidos ni entregados a los beneficiarios, quienes son los propios policías aportantes al fondo.
En la provincia de Chiclayo, Lambayeque, se encuentran los proyectos «La Purísima» y «Carlos Stein», los cuales están inconclusos y abandonados. Por otro lado, en Piura, no se logró culminar la construcción de 680 viviendas en dos proyectos, a pesar de que el plazo de ejecución ha expirado.
En el informe de auditoría, se detectó que los funcionarios de Fovipol gestionaron y suscribieron contratos de fideicomiso con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) para la administración y pagos de los proyectos en Chiclayo, por un valor total de S/ 38,487,075. Sin embargo, se determinó que Fovipol no tenía la facultad para establecer estos contratos de fideicomiso, ya que no estaban contemplados en la normativa vigente.
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Además, Fovipol llevó a cabo su propio proceso de selección llamado «Adjudicación Selectiva por Invitación» (ASPI), el cual no cumplía con las normas de contrataciones del Estado. A través de este proceso, se eligió al constructor encargado de ejecutar los proyectos, que incluían viviendas unifamiliares y departamentos.
Posteriormente, se realizaron modificaciones irregulares en los contratos, permitiendo al contratista solicitar un adelanto del 25% del monto total de los proyectos y estableciendo garantías hipotecarias que no estaban contempladas en la normativa. Estas modificaciones favorecieron indebidamente al contratista y generaron un perjuicio económico.
En el caso de los proyectos en Piura, se gestionaron contratos de fideicomiso con Cofide, a pesar de no contar con la facultad para hacerlo. Estos proyectos implicaban la construcción de 680 viviendas unifamiliares, con un valor total de S/ 103,189,006. Al igual que en Lambayeque, se llevó a cabo un proceso de selección que no cumplía con las normas de contrataciones del Estado.
En conclusión, la auditoría determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en varios servidores de Fovipol. Se recomendó que se tomen acciones para determinar las responsabilidades correspondientes y que se inicien acciones penales contra los involucrados.
