El Ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, anunció hoy que el Gobierno peruano llevará a cabo la expulsión de ciudadanos extranjeros indocumentados a partir del próximo viernes 10 de noviembre. Esta medida, que tiene como objetivo fortalecer el control migratorio en el país, establece un plazo límite para que los migrantes que no han completado su proceso migratorio regularicen su situación en territorio peruano.
El anuncio fue realizado en un comunicado oficial por el titular del Ministerio del Interior, quien enfatizó la importancia de que los extranjeros sin documentos resuelvan su situación lo más pronto posible. Romero informó que se han mantenido conversaciones con el viceministro de Venezuela en busca de facilitar el proceso migratorio, y se esperan reuniones con la aerolínea Latam para definir la logística de traslado de los migrantes.
El Gobierno peruano tomó esta decisión en respuesta a una ola de criminalidad que afecta al país. Para respaldar estas medidas, se aprobaron dos decretos legislativos. El primero modifica el Código Penal y permite la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves, como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas, al término de su condena. Asimismo, se sancionará a quienes promuevan o faciliten el reingreso clandestino de los sentenciados al territorio nacional.
El segundo decreto legislativo amplía el control de identidad de los extranjeros de cuatro a 12 horas, lo que brindará a la Policía y la Fiscalía el tiempo necesario para verificar los antecedentes policiales, penales o judiciales en el país de origen de los extranjeros o en cualquier otro lugar. Esta medida tiene como objetivo mejorar la capacidad de las autoridades para identificar y procesar a extranjeros involucrados en actividades delictivas.
El Primer Ministro, Alberto Otárola, respaldó estas medidas, destacando que la ampliación del tiempo para la identificación de extranjeros permitirá un mejor cumplimiento de la ley y la detención inmediata de aquellos que estén involucrados en delitos. Con estas decisiones, el Gobierno peruano busca fortalecer su capacidad de control migratorio y mantener la seguridad en el país.