El gobierno de Dina Boluarte, publicó el Decreto de Urgencia N°013-2024, el cual establece medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito económico y financiero. Estas medidas tienen como objetivo principal superar la coyuntura financiera de Petroperú S.A., que se anunció en las últimas semanas. Ante ello, se dispone ampliar hasta el 31 de julio del año 2025, la Operación de Endeudamiento de Corto Plazo, la línea de crédito con el Banco de la Nación de hasta 1.000 millones de dólares.
Precisamente, el presidente de la PCM, Gustavo Adrianzén y el líder la cartera de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anunciaban el miércoles 11 de septiembre, que se implementarían medidas, luego que el directorio encabezado por, Oliver Stark, anunciara la renuncia en PetroPerú.
Gobierno amplia el plazo de endeudamiento de PetroPerú hasta el próximo año
El Decreto de Urgencia establece la ampliación del plazo de la Operación de Endeudamiento de Corto Plazo hasta el 31 de julio de 2025. Esta ampliación se realiza bajo la modalidad de otorgamiento de Garantía del Gobierno Nacional a la línea de crédito de comercio exterior con el Banco de la Nación.
El monto aprobado por el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 023-2022, y posteriormente ampliado por el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 004-2024, asciende a la suma de US$1.000 000 000,00 (mil millones de dólares americanos). Esta medida busca brindar apoyo financiero y garantizar la estabilidad económica en el país.
Gobierno capitaliza a PetroPerú hasta por 750 millones de dólares
De acuerdo con el Decreto establecido, se aprueba, además, de manera excepcional la capitalización en la empresa Petróleos del Perú S.A. (PetroPerú) del Apoyo Financiero Transitorio aprobado mediante el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 010-2022, otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro Público, a favor de dicha empresa hasta por el monto en Soles equivalente a US$750 000 000,00 (setecientos cincuenta millones de dólares americanos), más los intereses corridos a la fecha de entrada en vigencia de esta norma legal. Con ello, queda finalizada la obligación de pago por parte de la empresa estatal.