El procurador público, Luis Humberto Huerta, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31355. En esta, se interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política.
Esto, para que se admita la medida a fin de continuar el proceso y lograr la nulidad de la ley de interpretación auténtica aprobada por el Congreso.
La demanda cuestiona la constitucionalidad de la citada ley por contravenir los artículos 43, 102, 118, 132 y 133 de la Carta Magna. Estos artículos tratan del principio de separación de poderes, la competencia del Congreso para interpretar leyes, así como la competencia del Ejecutivo para dirigir la política del gobierno y sobre la cuestión de confianza facultativa.
Por ello, solicita al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad total de la ley, por razones de forma y de fondo.
