La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Piura, identificó un perjuicio económico de S/ 375 026 por el irregular otorgamiento de una bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo del hospital de Apoyo II-2 de Sullana en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, debido a que este beneficio se pagó al margen de la normativa establecida.
Según el Informe de Control Específico N° 008-2022-2-5349-SCE, la comisión de auditores evidenció que, en los meses de abril a diciembre de 2020, la entidad consideró como beneficiarios del bono COVID ascendente a S/ 720 a trabajadores que no cumplían con los criterios establecidos en los Decretos Supremos N° 068-2020-EF y N° 184-2020-EF, ya que se incluyó a personal asistencial que no realizó labores presenciales y a administrativos que efectuaron labores no vinculadas a los servicios de alerta y respuesta ante la pandemia.
También consideró el pago de reintegros a personal asistencial que realizó labores de carácter administrativo, toda vez que se desempeñaron como jefes de departamento o servicio. Dichas labores tampoco se enmarcaron en los criterios señalados por la norma.
Acciones legales
El OCI identificó presunta responsabilidad administrativa y civil del exdirector del hospital por no velar por el estricto cumplimiento de los criterios establecidos para una adecuada identificación de los beneficiarios. También halló presunta responsabilidad de la exjefa de la Unidad de Personal y de una abogada que emitió un informe legal, con el cual se sustentaron las resoluciones directorales que aprobaron los pagos.
Los resultados del informe fueron comunicados al gobernador regional de Piura para que implemente las recomendaciones formuladas y disponer el deslinde de responsabilidad administrativa de los exfuncionarios comprendidos en estos hechos. También se ha puesto de conocimiento al Procurador Público de la Contraloría para el inicio de acciones legales contra las personas involucradas.
