La Contraloría General identificó un perjuicio de S/ 529 mil en la obra de instalación del sistema de alcantarillado en el sector Esmeralda, en San Lucas de Colán. Esto debido a que no se aplicó una penalidad al contratista ni se ejecutó la carta fianza.
Además, se conoció que seis exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Colán (Paita) tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa en estos actos
En marzo de 2014, la comuna distrital firmó un contrato para la ejecución de la obra de saneamiento por más de S/ 8.8 millones y fijó como plazo 300 días calendarios. Pero, en octubre de 2015, se resolvió el contrato por incumplimiento injustificado y ese mismo año se otorgó a otro consorcio para la culminación de los trabajos.
La comisión auditora determinó que durante la ejecución del saldo de obra no se cobró una penalidad de S/ 529 409.22 de mora por incumplimiento del contrato. Esto, a pesar de que se continuaron ejecutando trabajos, tramitando y pagando valorizaciones posteriores al término del plazo (15 de noviembre de 2017).
Además, se detectó que la carta fianza de fiel cumplimiento estaba vencida desde setiembre de 2016. Dicha carta que equivale al 10% del monto contratado le brinda una garantía a la entidad ante un eventual incumplimiento del contratista y debe mantenerse vigente hasta la liquidación.
Los auditores evidenciaron que los trabajos están inconclusos. Incluso, la entidad ha pagado el 98% de los trabajos y el avance físico es del 93%.
Actualmente, la obra está inoperativa, lo que impide brindar este servicio básico a la población.
La Municipalidad Distrital de Colán resolvió el último contrato en junio de 2020, es decir, 938 días después de vencido el plazo, y durante este tiempo no se adoptaron acciones para la aplicación de la penalidad.
El informe fue comunicado al gobernador del distrito para que evalúe las recomendaciones formuladas. Asimismo, se disponga el deslinde de responsabilidad administrativa de los exfuncionarios de las áreas de Gerencia Municipal, Desarrollo Urbano y Rural, Tesorería e Inspector de Obra.
También se ha puesto de conocimiento al procurador público de la Contraloría para el inicio de acciones civiles contra cuatro personas involucradas.
