El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció la implementación de Órganos Instructores en las Gerencias Regionales de Control, existentes en los 24 departamentos del país, para agilizar los procedimientos administrativos que permitan dictar en solo seis meses sanciones más céleres y ejemplares contra funcionarios que incurren en actos de inconducta funcional y corrupción.
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Sostuvo que la implementación de estas oficinas, con personal especializado y equipamiento, reducirá de dos años a seis meses los procedimientos administrativos. Estos informes de sanción serán respaldados con mecanismos tecnológicos más efectivos, mediante el expediente de control digital que incluirá cero papel, notificación electrónica, firma digital y mesa de partes virtual.
Sin embargo, advirtió, es necesario que las otras instituciones que conforman el sistema de justicia vayan de la mano de la Contraloría para su atención inmediata, ya que la percepción de la ciudadanía de inoperancia e impunidad sobre la corrupción podría incrementarse ante casos no resueltos con la misma celeridad.
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Explicó que los Órganos Instructores, que inician los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) producto de los informes de control que emite el Sistema Nacional de Control, realizan las investigaciones y determinación de las infracciones y sanciones contra funcionarios que incurren en faltas graves y muy graves.
Actualmente, dijo, se cuenta con Órganos Instructores en la Sede Central, y en las Gerencias Regionales de Arequipa, Junín, Lima Provincias y Lambayeque para resolver los PAS a nivel nacional, lo cual resulta insuficiente para llevar adelante y que culminen céleremente los procedimientos administrativos sancionadores contra funcionarios que cometen irregularidades en el ejercicio de su función
Precisó que solo en el primer semestre del 2018, la Contraloría ha emitido 1,166 informes de auditoría a nivel nacional, regional y local, emitiendo 846 sanciones que comprenden a 797 funcionarios y servidores públicos.
Refirió además que la Contraloría, a través de la Procuraduría Pública, inició 82 procesos judiciales en el primer semestre del año, que involucra montos valorados en 375 millones de soles y 680 funcionarios involucrados en responsabilidad civil o penal.
