La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional de Piura (UNP), identificó un perjuicio económico de más de S/ 598 mil por irregularidades en la perforación de un pozo tubular en el campus de dicha casa de estudios, y cuya finalidad era aumentar el abastecimiento de agua potable para beneficio de la comunidad universitaria, pero la obra se encuentra actualmente inoperativa y los análisis han determinado que el agua no es apta para el consumo humano. Tres funcionarios tendrían responsabilidad penal y/o administrativa, además de un supervisor.
Según el Informe de Control Específico N° 011-2021-2-0203-SCE, que forma parte de los servicios ejecutados del Megaoperativo de Control de Piura, la UNP contrató a un ingeniero industrial como consultor para la elaboración del expediente técnico y supervisión de la obra en el 2018, pese a que no contaba con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores por no tener la especialidad requerida por la normativa aplicable, la cual exige que sea profesional de ingeniería civil, sanitario o de mecánica de suelos. Tampoco cumplía con la experiencia necesaria para la supervisión.
A fines de ese año, la entidad suscribió el contrato para la ejecución de la obra por un monto de S/ 523 089.68 y un plazo de 90 días calendario. Sin embargo, este proyecto no contaba con la declaración de viabilidad.
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De igual manera, ante el incumplimiento del plazo contractual, no se aplicó la penalidad correspondiente, no se cauteló la ejecución de la totalidad de prestaciones pactadas y se generaron gastos en la contratación del servicio para la limpieza y mantenimiento de la obra por encontrarse inoperativo el pozo.
Asimismo, los análisis efectuados determinaron que el agua no es apta para el consumo humano, por lo que la obra continúa sin funcionar, a pesar de la urgente necesidad de agua potable de la comunidad universitaria, más aún a puertas del reinicio de clases presenciales con una crisis sanitaria que requiere como medio de prevención de contagios el abastecimiento de agua de calidad y con caudal suficiente para satisfacer a estudiantes, docentes, personal administrativo, de servicio y visitantes.
Estos hechos ocasionaron un perjuicio económico a la entidad por el importe de S/ 598 100.52, debido a que los funcionarios de las áreas de Infraestructura, Abastecimiento e Ingeniería y Servicios Generales no tomaron en cuenta la normativa relacionada a los requisitos para consultor de obras, tampoco el retraso injustificado por parte del contratista en la ejecución de los trabajos y la no culminación de partidas presupuestadas, incumpliéndose la finalidad pública perseguida por la contratación.
