El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha propuesto la aplicación de sanciones políticas, que incluyen la suspensión y cancelación de la inscripción, para los partidos y movimientos regionales que incumplan las reglas impuestas en materia de financiamiento de las campañas electorales.
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Dicha iniciativa, contenida en el actualizado proyecto de Código Electoral que la institución presentó el último jueves al Congreso de la República, busca promover que las organizaciones políticas cumplan con respetar la normatividad vigente y evitar la posible infiltración de dinero ilícito en las campañas electorales.
Conforme al proyecto, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE podría suspender la inscripción de un partido o movimiento regional hasta por seis meses frente al incumplimiento reiterado de las sanciones impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto de las normas de financiamiento.
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Asimismo, podría llegarse a la cancelación de la inscripción cuando se verifique una segunda infracción muy grave a dicha normativa en un período de dos años, de acuerdo con los artículos 88 (inciso h) y 93 (inciso f) de la iniciativa legislativa.
Para el efecto, en el artículo 114 del citado documento se establece un listado ordenado de infracciones leves, graves y muy graves, en materia de normas de financiamiento partidario.
Se precisa que contra la decisión que determina la cancelación de la inscripción, puede interponerse recurso de apelación ante el JNE en el plazo de cinco días hábiles; en tanto que contra lo resuelto por el supremo tribunal electoral no procede recurso alguno.
Se propone también que la organización política rendirá los gastos de campaña al menos en dos oportunidades: durante la campaña y al finalizar el proceso. Se prevé, además, la devolución al Estado del financiamiento público directo no utilizado por la agrupación.
El proyecto de Código Electoral, impulsado por la gestión del doctor Víctor Ticona Postigo, titular del JNE, apunta a una reforma electoral de carácter integral al unificar y sistematizar en un solo cuerpo normativo toda la legislación electoral, que actualmente se encuentra dispersa y desactualizada y es hasta cierto punto contradictoria.