Las investigaciones policiales y del Ministerio Público contra el agente Irwin Wilmer Castillo Mendoza han determinado preliminarmente que no solo facilitaba información confidencial a los acusados de ser líderes de la presunta organización criminal Los capos de la construcción, si no que incluso habría planificado perpetrar delitos en complicidad con ellos.
El Ministerio Público sostiene estas acusaciones en las escuchas telefónicas que se le interceptó cuando se comunicaba con Cleyter Correa Calero, alias Tete, uno de los líderes de la banda. La Fiscalía también lo acusa de solicitarle dinero a la banda a cambio de la información sobre operativos e investigaciones que se desarrollaban.
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Para acusarlo de planificar operativos ilícitos con los presuntos cabecillas, la Fiscalía, expone varias comunicaciones sostenidas en noviembre del 2016, en la cual Tete le informa de que en un conocido restaurante de Piura se estaría contratando a venezolanas y colombianas, quienes estaban de ilegales en Perú.
Tete le sugiere a Castillo que intervenga el local a fin de pedir dinero. Luego Castillo le comunica que debe pedir 6.000 soles al propietario para que no se investigue el caso. «Eso va a ser hoy día en la tarde, pero más o menos píntale que tiene que bajar con seis lucas», dijo.
En otra comunicación, realizada el 07 de noviembre, Tete le comunica a Irwin que había un sujeto en posesión de una arma de fuego, no obstante al intervenirlo no se le halló nada.
Para acusarlo de pedir dinero a la red, la Fiscalía señala como indicio la comunicación del 03 de noviembre del 2016, donde Castillo se comunica con Tete, en la cual lo llama y le pide «esa vaina… del jueves de la semana pasada me dijiste, hace dos jueves». Además en otras de las
Estas comunicaciones también justifican la acusación fiscal de que este agente policial concertaba cometer actos ilícitos en complicidad con miembros de la banda.
La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Milagros La Torre, continúa desarrollando la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva que la fiscal Fanny García Caro argumenta contra los 35 investigados de la presunta red criminal.
