Pese a haber asegurado su participación en las próximas elecciones generales como candidato presidencial, la realidad es completamente diferente para Martín Vizcarra. La Primera Sala en lo Constitucional de Lima ratificó la inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso por haberse vacunado irregularmente contra la COVID-19 con dosis experimentales de Sinopharm. Su esposa Maribel Díaz y su hermano mayor César Vizcarra también recibieron las dosis, por disposición del expresidente.
La Sala Constitucional rechazó la apelación de Vizcarra contra el fallo de primera instancia que declaró improcedente el amparo que interpuso en abril de 2021. Con su recurso, el exmandatario pedía anular o declarar inaplicable la sanción dictada por el Parlamento luego de que fuera electo como congresista por Lima con más de 165.000 votos. El escaño que le correspondía fue asumido por el accesitario José Jerí.
El colegiado determinó que el Parlamento, durante el trámite de la denuncia constitucional que acabó en la inhabilitación, no violó los derechos constitucionales del expresidente.
Con esta decisión de segunda instancia se cierra la vía judicial y se abre el camino para que el expresidente recurra al Tribunal Constitucional, a través de un recurso de agravio constitucional. En dicha instancia ya se encuentra el amparo con el que busca anular una segunda inhabilitación por 5 años que le impuso el actual Congreso. Dicha sanción fue por no declarar que tenía acciones en la empresa C y M Vizcarra cuando ejercía como ministro de Transportes y Comunicaciones de PPK.
Fuentes allegadas al entorno del expresidente adelantan que también se llevará este caso al TC, con la finalidad de agotar la vía interna y, de no obtener un fallo favorable, poder acudir a organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la esperanza de revertir la situación.
