Esta semana, Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Agricultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), denunció la presencia de embarcaciones chinas en zonas prohibidas del mar peruano, en la costa de Piura, luego de que se difundieran imágenes en las que se ve a pescadores artesanales del puerto de Bayóvar confrontar a una nave extranjera la cual estaría efectuando pesca de pota o calamar gigante en el área. Sin embargo, esta no se sería un caso aislado sino un fenómeno que ocurre hace más de 10 años.
Así lo advirtieron representantes de la SNI, que precisaron que más de 230 embarcaciones extranjeras sin rastreo han ingresado al Perú desde mayo de 2023.
Juan Carlos Sueiro, director de pesquería de Oceana, indicó que esta situación se lleva a cabo desde hace más de10 años con el objetivo de extraer de forma indiscriminada la pota debido a un bajo control por parte de la Marina y el ministerio de la Producción.
¿Cómo operan las embarcaciones chinas en Perú?
Sueiro explicó a noticiero 24 horas que se trata de embarcaciones completamente mecanizadas e industriales con una capacidad de bodega de 300 y 400 toneladas.
Además, la logística con la que cuentan les permite estar en altamar el mayor tiempo posible pescando. Hay embarcaciones que les llevan combustibles y hay otras que recogen el producto y se lo llevan.
Por otro lado, explicó que el monitoreo con el que cuenta la Marina de Guerra del Perú para las embarcaciones que ingresan al mar peruanos es remoto.
“Ellos tienen un aparato de anticolisión pero que se puede apagar y si se apaga uno no sabe dónde está la embarcación. No tenemos un patrullaje aéreo físico (constante)”, mencionó y no descartó que las embarcaciones chinas y de otros países estén haciendo lo mismo en otras regiones de litoral peruano.
Acciones de Produce
Luego de difundido el incidente de la embarcación china en las cercanías del puerto de Bayóvar, Produce emitió un comunicado en el que asegura que “coordina permanentemente, con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Migraciones, PNP y la Dirección Regional de Salud, las acciones de fiscalización en puerto de toda embarcación pesquera extranjera que arribe al país, autorizada por la Autoridad Marítima y Autoridad Portuaria Nacional”.
Indicaron que ellos verifican la mercadería en tránsito, en especial la ausencia de recursos hidrobiológicos en las bodegas, con el objetivo de prevenir y sancionar cualquier actividad en contra de las leyes peruanas.
“Se debe señalar que la Autoridad Marítima Nacional, a través de la DICAPI, que forma parte de la Marina de Guerra del Perú, ejerce control y vigilancia permanente sobre el tráfico y actividades que realizan naves y embarcaciones pesqueras de bandera nacional y extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas”, mencionaron.
Agregaron que, en los últimos años, Produce financió la adquisición de cuatro patrulleras de interdicción marítima, y que viene gestionando la adquisición de una patrullera adicional, con una inversión de más de S/13 millones. Las embarcaciones fueron diseñadas para cumplir roles de seguridad y vigilancia marítima.
Preparan Decreto Supremo
En la última sesión del Consejo de Ministros, Sergio González, ministro de Produce, anunció en una conferencia de prensa que se está preparando la emisión de un Decreto Supremo para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada realizada por embarcaciones extranjeras en el mar peruano.
Según explicó, el objetivo es desincentivar estas prácticas exigiendo que cualquier barco extranjero que ingrese a aguas peruanas cuente con un sistema de control satelital. Estos dispositivos permitirán identificar la velocidad de las embarcaciones y determinar si están pescando o en travesía. Estos dispositivos ayudarán a “identificar a qué velocidad van: si de pesca o travesía, para desalentarla y regular la posible ventaja que tomarían”, dijo.
Además, mencionó que las embarcaciones deberán tener en operación su sistema de seguimiento satelital (SISESAT) y se revisará su historial de posicionamiento satelital de los últimos seis meses antes de permitir su acceso.
