El 16 de julio, la fiscal Rosa Retamozo Eguía, del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, formalizó la investigación contra el excomandante general de la Policía Nacional, teniente general (r) Raúl Alfaro Alvarado, por el asesinato del menor de edad Robert Medina Llanterhuay (16), durante las manifestaciones en Andahuaylas, el 12 de diciembre de 2022. Medina es uno de los 7 niños fallecidos durante las jornadas antigubernamentales, que dejó un saldo total de 50 muertos.
Tres días después de la resolución de la fiscal Retamozo, el 19 de julio, la presidenta Dina Boluarte, en un acto público, justificó la acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Asumiendo su responsabilidad, señaló: “(Desde) aquel 7 de diciembre (de 2022), cuando asumí el gobierno, está demás que les diga, porque todos fueron testigos de la situación en la que nosotros recibimos el país, y nos enfrentamos a 500 manifestaciones, todas ellas violentas”.
Para la jefa de Estado, quienes actuaron violentamente, fueron los manifestantes, y no los efectivos del orden, pese a que todos los muertos fueron civiles desarmados: “Estuvimos firmes, tercos, decididos de reafirmar nuestra democracia en ese respeto de estado de derecho, basado en la preocupación y en el interés de que en nuestro país la violencia no se puede desarrollar”, apuntó.
Pero los informes del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, contradicen la versión oficial de la mandataria Boluarte. Los uniformados usaron inapropiadamente sus armas de fuego, contraviniendo las normas sobre el uso de la fuerza, y bajo la consigna de que quienes salieron a protestar, eran “terroristas”. El informe del 16 de julio de la fiscal Rosa Retamozo, así lo confirma. Los efectivos que usaron su armamento lo hicieron con el consentimiento de sus superiores, y estos actuaron conforme las directrices de la cadena de mando, que se inicia en la presidenta Boluarte.
El informe de la fiscal Retamozo se suma a otros de sus colegas de Ayacucho, Juliaca, Cusco, Pichanaqui y otras localidades, donde se han abierto investigaciones contra autoridades militares y policiales por el homicidio de manifestantes. Los imputados estaban en condiciones de impedir que sus subordinados usen sus armas de fuego, pero no lo hicieron, con el resultado de 50 fallecidos. Para la fiscalía, no existió justificación para disparar a los civiles que ejercían su derecho a la protesta.
“Cabe precisar que aun cuando, en el marco de las protestas o manifestaciones efectuadas en la provincia de Chincheros (Apurímac), ciertos grupos o personas que estuvieron presentes, pudieron haber realizado actos de violencia en los locales de las instituciones públicas; sin embargo, dicha situación no autoriza ni permite a las fuerzas policiales a disolver dichas manifestaciones a través del uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza, que se materializó con el uso de armas de fuego letales, al haberse realizado de manera indiscriminada al cuerpo de las personas. Más aún, cuando no se tenía plenamente identificados a los responsables de los actos, afectando gravemente a menores de edad”, señala en su resolución la fiscal Rosa Retamozo.
