«Queremos que nos escuchen y nos tomen en cuenta. Somos niños pero tenemos voz», dice Emily, una adolescente que representa a la Red ANALIT -Alianza Nacional de Líderes de Transformación, que congrega a más de 120 niños, niñas y adolescentes de Ayacucho, Cusco, La Libertad, Huancavelica y Lima.
Emily junto al grupo de menores ha iniciado una campaña para luchar contra el maltrato infantil y recordarle a los adultos, sobre todo a las autoridades, que los niños también tienen derechos y deben de respetarlos.
«Nosotros queremos que el nuevo gabinete de ministros priorice la lucha contra la violencia infantil y busque mejoras en la educación de calidad de los niños y en las políticas de salud para prevenir problemas como el embarazo adolescente. No puede ser que veamos con normalidad que las adolescentes se conviertan en madres y dejen de estudiar por eso», refiere.
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Los niños de la Red ANALIT, junto con la organización internacional World Vision Perú, han iniciado una campaña de sensibilización con la firma del ‘Pacto de Ternura’.
El objetivo del pacto es comprometer a los adultos a evitar la violencia como forma de castigo y apostar por una crianza que afirme la dignidad de los niños. Este pacto se puede encontrar en su versión virtual en la página www.visionmundial.org.pe
Falta el reglamento
Además de la firma del pacto, los niños han empezado a tocar las puertas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que se apruebe el reglamento de la Ley N° 30403 que prohíbe el castigo físico y humillante para niños, niñas y adolescentes, conocida como la Ley del maltrato infantil.
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Sara Saenz, representante de la asociación World Vision Perú, recuerda que la ley se promulgó en el 2015 pero hasta el momento no se puede aplicar por la falta de reglamento.
«También es necesario que se cree una partida presupuestal para la prevención contra la violencia infantil», sostuvo.
En febrero, la entonces titular del MIMP, Ana María Choquehuanca, aseguró que el reglamento ya estaba en consulta y que sería elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación en marzo.
Fuente: El Comercio
