El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) retornó ayer al Parlamento después de cumplir una suspensión de 120 días en sus funciones por la denuncia de tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam.
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Sin embargo, además de ese caso –que la fiscalía continúa indagando–, el legislador es investigado por el presunto delito de lavado de activos y está pendiente de resolverse una acusación por el delito contra la administración de justicia en forma de falsa declaración.
La investigación por lavado de activos, que lleva abierta más de dos años, se inició a raíz de una denuncia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por mentir en su hoja de vida cuando postuló al Legislativo en las elecciones del 2016.
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En la declaración jurada que Mamani presentó al JNE, declaró ingresos anuales por S/466.000, además de seis terrenos por un valor de S/4’505.000; sin embargo, una pesquisa de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP –efectuada para la indagación por ese delito– revela que el congresista fujimorista omitió información al ente electoral.
De acuerdo con la policía, el parlamentario tiene nueve inmuebles en Lima, Puno y San Martín valorizados en US$9’739.000. Es decir, más de S/32 millones.
Fuente: El Comercio