La Contraloría General informó que 1,728 funcionarios y servidores públicos fueron suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública, al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional (sanciones vigentes al 31 de diciembre del 2018), de los cuales 47 son de la región Piura.
Redacción
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El gerente regional de Control de Piura, Joan Ramírez, anunció que en los próximos días remitirán un documento a las entidades para informar la relación de estas personas sancionadas, no obstante, aseguró que la información es pública en el portal de Contraloría, a fin de que las nuevas autoridades adopten las medidas correspondientes.
Los cinco departamentos que concentraron el mayor número de sancionados por la Contraloría son Lima (360), Cusco (136), Cajamarca (124), Lambayeque (109) y Puno (93). Mientras que los departamentos con menor número de sancionados fueron: Callao (7), Moquegua (9), Madre de Dios (11), Ica (11) y Áncash (22).
Dichos funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos (de 30 a 360 días) o inhabilitados temporalmente para ejercer función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación laboral con el Estado.
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Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran:
· Actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.
· Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.
· Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
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Sanciones
Al 31 de diciembre del 2018, se han registrado 1,949 sanciones administrativas vigentes a funcionarios y servidores públicos, las cuales comprenden a 1,728 personas.
De las sanciones administrativas vigentes, el 96.9% corresponde a inhabilitación para ejercer la función pública mientras que el 3.1% corresponde a suspensión temporal.
La Contraloría General ha oficiado a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios que incurrieron en inconducta funcional.
