La Contraloría General reveló que 1,633 funcionarios y servidores públicos, de los cuales 49 corresponden a la región Piura, se encuentran suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, al contar con una sanción vigente por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones (periodo enero-noviembre 2018).
Redacción
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Los departamentos con mayor número de funcionarios y servidores con sanción vigente son: Lima (317), Cusco (135), Cajamarca (126), Lambayeque (92), Tumbes (88) y Puno (88). En el caso de Piura se ubica en el puesto 14 a nivel nacional.
De acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados pueden ser suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado desde 30 hasta 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.
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Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran:
· Actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.
· Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.
· Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
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Sanciones vigentes
En el periodo enero-noviembre del 2018, se registraron 1,823 sanciones administras vigentes inscritas que comprenden a 1,633 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional. Algunos de ellos cuentan con dos o más sanciones administrativas vigentes.
Del total de sanciones vigentes, el 96.2% (1754) son de inhabilitación para trabajar en el Estado y el 3.8% (69) corresponden a suspensión temporal para ejercer la función pública.
Responsables
La Contraloría General ha oficiado a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional.
Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de la Autoridad del Servicio Civil (Servir) y publicadas en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, como parte de la política de transparencia y acceso a la información de la Contraloría General.
Para acceder al listado de funcionarios o servidores con sanción vigente, ingresar al portal web, dirigirse al botón “Participación ciudadana”, sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y en el lado izquierdo ubicará el “Registro de sancionados”. La información es de acceso público para todos los ciudadanos.
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Vacancia de gobernadores y alcaldes
Para efectivizar las sanciones administrativas y salvaguardar los recursos públicos, la Contraloría General ha presentado una iniciativa legislativa que incorpora como causales de vacancia de autoridades regionales y locales, la imposición de una sanción firme por parte la Entidad Fiscalizadora Superior.
Según dicho proyecto de ley, la vacancia procederá cuando el plazo de la sanción administrativa impuesta a la autoridad regional o local sea igual o mayor al período que le resta de su mandato; mientras que la suspensión procederá si la sanción es menor al período en referencia.
La iniciativa se aplicará para el cargo de gobernador, vicegobernador y consejero regional; así como alcalde o regidor.
El dato:
Más información sobre las facultades sancionadoras de la Contraloría General en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, Sección “Participación ciudadana”/“Conoce nuestra facultad sancionadora”.
