La región de Piura atraviesa una crisis de inseguridad alarmante. Entre enero y noviembre de 2024, se registraron 106 homicidios, parte de un incremento nacional que supera los 1,800 asesinatos en el mismo periodo. Los recientes crímenes, como el asesinato de dos jóvenes en un bar en Paita y el homicidio de un vigilante a manos de un menor de 14 años en Sullana, evidencian el creciente impacto de la violencia armada y la participación de menores en delitos graves.
Este panorama no solo afecta la vida de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo el desarrollo económico de la región. Con un 91.8% de la población sintiéndose insegura, el temor se ha convertido en un factor que desalienta las inversiones y limita el crecimiento empresarial.
Las empresas enfrentan mayores costos operativos debido a la inseguridad. Hasta un 10% del presupuesto anual debe destinarse a sistemas de seguridad, vigilancia y protección, lo que reduce su capacidad de invertir en innovación o expansión. Además, el constante riesgo de extorsión por parte de grupos criminales añade una carga económica y emocional que afecta a sectores clave como la minería y la agroindustria, con interrupciones en las cadenas de suministro y encarecimiento de productos.
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¿QUÉ HACER?
Eduardo Arbulú, especialista en seguridad, destacó la necesidad de que las Oficinas Regionales de Inteligencia (ORI) identifiquen y aborden problemas específicos como el narcotráfico y el crimen organizado, mientras que a nivel nacional la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) debería liderar la detección de amenazas de gran escala. Además, criticó la precariedad de recursos en las fuerzas policiales, radios inoperativas y una insuficiente cantidad de efectivos, que dificulta una respuesta eficaz ante los delitos.
Arbulú también insistió en que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad en las agendas de los gobiernos locales. Criticó la ejecución ineficiente de los presupuestos destinados a seguridad y subrayó la importancia de una coordinación estrecha entre la policía y los serenazgos para optimizar recursos. Enfatizó que combatir el crimen no solo implica acciones policiales, sino también políticas públicas enfocadas en educación, inclusión social y generación de oportunidades laborales para abordar las causas estructurales de la delincuencia.
