El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) inició un procedimiento administrativo sancionador a la propietaria de un local campestre ubicado en el distrito de Castilla por posesión de 31 animales silvestres, vivos de procedencia ilegal, entre ellos; tres cocodrilos, un caimán y un tigrillo.
El especialista en fauna silvestre Max Guerra, explicó que es competencia del Serfor autorizar el proyecto de centro de cría en cautividad (zoológico) que incluye el plan de manejo, para posteriormente permitir el funcionamiento. En este caso, el centro no culminó el procedimiento para la tenencia de fauna silvestre en cautividad.
En el lugar se encontraron: tres cocodrilos de Tumbes; un caimán; un tigrillo; cinco tortugas motelo; diez tortugas taricayas; tres patos crestados; tres guacamayos, dos rojos y uno azul; un aguilucho; dos aves cara cara; un loro cabeza azul, y un loro maracaná.
Los animales silvestres en aparente buen estado corporal externo de salud estaban en un total de ocho jaulas de material noble (ladrillo y mallas metálicas) y de diferentes dimensiones.
Max Guerra señaló que no contar los documentos (actas de custodias temporal) que amparen la tenencia de los especímenes vivos de fauna silvestre, constituye una infracción a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, que sanciona a los responsables, con multas que oscilan entre 0,1 y 5 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Asimismo, recalcó que dicha normativa, permite el manejo de fauna silvestre en cautividad como; centros de rescate y conservación, zoocriaderos y zoológicos. Para ello, deben cumplir con los requisitos que garanticen las condiciones para el desarrollo de estas actividades.
En este sentido, se determinó como medida provisional que los animales se queden decomisados en el establecimiento intervenido, con la finalidad de que se continúe y culmine con el trámite administrativo que permita el funcionamiento del zoológico.
La intervención se realizó en atención a una denuncia a través de Alerta Serfor y tuvo el apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Piura y el Departamento de Medio Ambiente de Piura de la Policía Nacional del Perú.
El personal especializado del Serfor en Piura constató que el dos de mayo de 2019, el establecimiento inició los trámites y consiguieron la autorización del proyecto de zoológico clase B, pero desde entonces a la fecha, no culminaron con los procedimientos correspondientes para su funcionamiento.
