La Unión está sumergida en crisis por actos de corrupción desde hace más de 20 año y parece ser el factor común de los políticos que llegan al sillón municipal. Y es que, desde las últimas cuatro gestiones municipales, los alcaldes están prófugos, internados en el penal o sentenciados a detención domiciliaria. El último caso es del prófugo alcalde Percy Yamunaqué Chero, a quien se le acusa y pesa una orden de captura por el delito de colusión agravada en contra del Estado, por el caso de la limpieza del canal Canizal Chico, donde habría recibido la suma de 300 mil soles y la obra nunca se realizó.
En este caso, Yamunaqué ya había sido detenido este año, pero fue liberado, pero el Poder Judicial hace dos semanas dictaminó prisión preventiva, desde ese momento nadie lo vio.
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Pero los casos de corrupción que envuelven a los alcaldes también alcanzan a Walter Ayala, quien fue sentenciado a tres años y cinco meses bajo libertad con restricciones. A él se le acusa por el delito de tráfico de influencias agravado. Cabe mencionar que Ayala no puede ejercer ningún cargo público por 10 años y de incumplir la sentencia, los tres primeros años, será recluido en el Penal Piura.
Cuatro años atrás, el sonado caso de Fernando Ipanqué Mendoza, quien fue señalado como el líder de la organización criminal “Los operadores de la Reconstrucción”, cuyo modo de operar era gestionar presupuestos para colegios, pero al final iban a obras fantasmas, que ejecutaría la extinta Autoridad para la reconstrucción con cambios. Ipanaqué es acusado de organización criminal y colusión agravada.
Finalmente, el emblemático caso del exalcalde Vicente Seminario, quien nunca pudo finalizar el proyecto de agua y alcantarillado de La Unión, que hoy apesta a desagües y no cuenta con el servicio de agua potable. Seminario Silva y sus exfuncionarios son investigados por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada. Los investigados habrían incurrido en irregularidades durante la ejecución del proyecto “Rehabilitación de agua y alcantarillado”. En la supervisión de este proyecto participó el prófugo Wilmer Elera, a quien hasta el momento la Policía no logra ubicar.
Lo mismo se repite el distrito de Veintiséis de Octubre, donde sus alcaldes, al menos los dos últimos, uno está internado en el penal y el anterior sigue investigado. El último, Víctor Febre, enfrenta un proceso de revocatoria.
