En septiembre de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) informó que la región Piura registra 148 proyectos de inversión pública paralizados. De estos, 46 corresponden al Gobierno nacional, 19 al Gobierno regional y 83 a los gobiernos locales. Este panorama refleja una alarmante ineficiencia en la gestión de obras públicas, afectando directamente a miles de ciudadanos que dependen de estas inversiones para mejorar su calidad de vida.
Según ComexPerú, es urgente abordar las causas que generan la paralización de proyectos. Entre las medidas propuestas, destaca la necesidad de fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos mediante capacitaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Servir. En 2023, el INEI reportó que el 74.5% de las municipalidades del país carecían de conocimientos suficientes en procedimientos administrativos, lo que impacta negativamente en la ejecución de obras.
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La CGR, por su parte, recomienda que la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial impulse operativos de control en las principales entidades públicas. Estas auditorías tienen como objetivo asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y garantizar la reactivación de obras paralizadas. Además, se plantea modificar la administración del presupuesto para inversiones, reduciendo la participación de las municipalidades, dado que concentran el mayor número de proyectos detenidos debido a deficiencias en gestión y administración.
A nivel nacional, el problema es aún más grave, con 2,647 proyectos paralizados que representan una inversión de S/ 43,543 millones. De este total, 1,877 obras pertenecen a municipalidades, mientras que el Gobierno nacional y los gobiernos regionales suman 435 y 335 proyectos, respectivamente. Más de la mitad de estas obras tenían un avance físico superior al 50%, evidenciando un mal manejo en la etapa final de ejecución.
Entre las principales causas de paralización destacan el incumplimiento de contratos (24%), la falta de recursos financieros (22%) y los conflictos contractuales como arbitrajes (11.6%). Frente a este panorama, expertos señalan que el fortalecimiento institucional y una mayor supervisión son esenciales para evitar que los proyectos públicos se conviertan en un símbolo de desperdicio y perjuicio social.
