Las investigaciones en contra del Instituto Peruano de Oftalmología (IPO) continúan, después que representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), dispusiera el cierre del Centro de Esterilizaciones por el caso de 20 pacientes que presentaron problemas oculares. Con ello exigen se levanten las observaciones presentadas, de lo contrario las multas podrían llegar hasta 500 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), pero también a través de procuraduría, si se detecta que hay un riesgo a los pacientes, se puede actuar a través de un foro penal, todo después de una investigación.
“El centro de esterilización fue cerrado por incumplimiento de las normas de bioseguridad que dispone el Ministerio de Salud, ya que le hospital debe garantizar las condiciones, sin embargo no se estaría cumpliendo con estos procedimientos”, aseguró el superintendente adjunto de la Superintendencia Ajunta de Supervisión, Hernán Pena.
Asimismo se ha detectado otras irregularidades en el IPO, tras la supervisión como continuidad del procedimiento de investigación, por lo que procederán a notificar al director del establecimiento y autoridades del hospital.
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“Hemos notificado al director (IPO) y autoridades del hospital Cayetano Heredia para que agilicen los trámites y puedan levantar las observaciones, de lo contrario no podrán seguir atendiendo, ya que se detectó que no cumplen con la unidireccionalidad de como entra el material contaminado y cómo sale, tiene que ser una sola entrada y salida, no puede el material regresar a las áreas intermedias, las áreas no tenían la bioseguridad del caso, habían techos filtrados, pintura que estaban cayendo sobre el material que debía estar totalmente cuidado”, dijo.
Asimismo indicó que varios de los pacientes que fueron trasladados a la ciudad de Lima, después de las complicaciones en los ojos, tras la aplicación de estos medicamentos, Pena agregó que ya varios han sido dados de alta por la mejoría que presentan.
En cuanto al estado de uno de los pacientes que aún no recupera totalmente la visión, Hernán Pena precisó que han puesto una queja, primero para que el paciente recupere la salud, luego identificar a los responsables para ver de cómo resarcir la situación.
“Desde diciembre del año pasado, con el Decreto Legislativo N° 1289 tenemos la responsabilidad de que si encontramos que hay un responsable que ha puesto en riesgo la salud de la persona, inmediatamente a través de nuestro procurador iniciar las acciones penales, civiles o administrativas, en ese sentido estamos trabajando”, aclaró.
En tanto sostuvo que de acuerdo a ley el plazo para la culminación de las investigaciones es de 30 días, sin embargo vienen supervisando en cualquier momento, a fin de evitar poner en riesgo la vida de otros pacientes.
“Tenemos hasta 30 días, pero apenas detectamos un riesgo actuamos, lo hicimos la semana pasada y lo estamos haciendo hoy, son 20 pacientes, son 20 situaciones, que debemos analizar al detalle, ya que debemos garantizar la salud de estas personas”, finalizó.
