En una sesión del Concejo Municipal de Piura, el pleno, por mayoría, ha rechazado el pedido de suspensión presentado contra el alcalde Gabriel Madrid Orue. La decisión se basa en la falta de medios probatorios que respalden las acusaciones en su contra.
El conflicto surgió cuando los regidores de minoría acusaron al alcalde de infringir el reglamento interno al eliminar la «sala de regidores» como parte de una remodelación en la sede municipal. Sin embargo, durante el debate, tanto los regidores Carla Nima y Sergio Valladolid no lograron sustentar adecuadamente su solicitud.
Según el asesor legal Edgar Guaylupo, el procedimiento de suspensión está regulado por el reglamento interno, específicamente en el Artículo 22, que establece la formación de una comisión investigadora para evaluar las solicitudes de suspensión. En este caso, el concejo evaluó los documentos y el sustento del pedido de suspensión, decidiendo no conformar la comisión debido a la falta de pruebas contundentes sobre una supuesta falta grave.
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La regidora Linda Valdiviezo destacó que los regidores son responsables de fiscalizar y no de ser propietarios de la municipalidad, mientras que la regidora Teresa Calva señaló que ningún colega regidor ha logrado sustentar debidamente el pedido de suspensión.
Por su parte, el regidor Efraín Chuecas enfatizó que no existen argumentos sólidos que respalden el pedido de suspensión, ya que el alcalde no se ha beneficiado ni ha beneficiado a terceros con las áreas remodeladas, las cuales han sido entregadas a la Oficina de Control Interno perteneciente a la municipalidad.
Finalmente, el primer regidor, Juan Cevallos López, criticó la falta de sustento y preparación por parte de los regidores de minoría, afirmando que no demostraron valentía ni disposición para respaldar su solicitud.»