El Poder Judicial evaluará el pedido del prófugo Vladimir Cerrón en el que solicita la prescripción y archivamiento del presunto delito de cohecho pasivo propio en el caso Antalsis. La audiencia, a cargo del juez Leodán Cristobal Ayala, se desarrollará de forma virtual el 4 de octubre a las 10:00 a. m. En respuesta, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que solicita al máximo órgano judicial que declare infundada dicha solicitud.
De acuerdo con la defensa del líder de Perú Libre ya venció el plazo señalado en el Código Penal para procesar a su cliente por el referido delito y, por ende, debe archivarse la imputación. Este pedido se sustenta en lo establecido en las leyes N.° 31751 y 32104 sobre interpretación autentica del plazo de prescripción, las cuales fueron aprobadas por el expresidente del Congreso Alejandro Soto.
Esta no es la primera vez que Cerrón busca beneficiarse con la Ley Soto, pues tan solo a mediados de septiembre el juez Cristobal Ayala rechazó un recurso similar del líder de Perú Libre para que se declare prescrito y archive el delito de asociación ilícita por el mismo caso.
La norma N.º 31751, conocida como ‘Ley Soto’, recibió este apelativo debido a que fue impulsada por el congresista de Alianza para el Progreso, quien actualmente se desempeña como vocero principal de dicho grupo parlamentario, luego de haber presidido el Congreso durante el periodo 2023-2024.
El caso Antalsis está vinculado a una investigación por presunta corrupción que involucra a Vladimir Cerrón, exgobernador de la región Junín y líder del partido político Perú Libre.
La investigación se centra en posibles irregularidades relacionadas con la contratación de la empresa española Antalsis, que habría sido favorecida con adjudicaciones de obras públicas en Junín durante la administración de Cerrón, entre 2011 y 2014.
De acuerdo con la tesis de la fiscalía, los implicados, incluido Cerrón, habrían defraudado al Estado por más de 26 millones de soles mediante presuntas contrataciones irregulares para obras públicas ejecutadas en ese período. En este esquema, se habría firmado un convenio interinstitucional con la empresa estatal SIMA, que posteriormente subcontrató a la empresa privada Antalsis.
