El Poder Judicial rechazó la solicitud de Pedro Castillo para apartar al juez supremo Juan Carlos Checkley y a los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del proceso penal que se le sigue por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, declaró infundado el pedido de «inhibición» presentado por la defensa del exmandatario. Este recurso pretendía que Checkley y los magistrados de la sala se apartaran de la causa.
Los argumentos de la defensa de Pedro Castillo
El equipo legal de Castillo alegó que el juez Juan Carlos Checkley tiene vínculos que afectarían su imparcialidad. Entre los argumentos, señalaron que:
- Checkley tendría lazos familiares con el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta.
- Habría trabajado para el gobierno de Alberto Fujimori en 1990.
- Mantendría una amistad con Pedro Angulo, exjefe del Gabinete Ministerial del actual gobierno de Dina Boluarte.
- Convalidó la detención de Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado.
Además, la defensa acusó a la sala de apartarse de la vía procesal correcta y vulnerar los principios de debido proceso y tutela jurisdiccional, ambos garantizados por la Constitución Política del Perú.
La respuesta de la Sala Penal Permanente
El tribunal fue enfático. Según el artículo 53 del Código Procesal Penal, la inhibición solo puede ser solicitada por el propio juez, quien debe expresar los motivos para apartarse del caso. «Por tanto, la solicitud de inhibición en este extremo no es de recibo», precisó la sala.
El juez Juan Carlos Checkley ya había rechazado un pedido previo de inhibición. El 21 de enero, también desestimó una recusación interpuesta por la defensa de Castillo. Esta decisión fue confirmada por la propia sala el 2 de abril, señalando que la defensa solo puede optar por la recusación, conforme al artículo 54 del Código Procesal Penal.
¿Qué sigue en el proceso contra Pedro Castillo?
Pese a la negativa de apartar a Checkley, la sala ordenó que este magistrado se pronuncie sobre la solicitud de la defensa para anular la resolución emitida el 21 de enero, cuando rechazó la recusación contra él.
Paralelamente, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Pedro Castillo. Además, se pide su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ocupar cargos públicos. El expresidente enfrenta cargos por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, todos en agravio del Estado y la sociedad.
Este fallo de la Sala Penal Permanente marca un hito clave en el proceso contra Pedro Castillo, quien sigue enfrentando una de las acusaciones más graves en la historia reciente de la política peruana.
