La Contraloría General planteó al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial de Piura la suscripción de un convenio para implementar el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses (DJI), como parte de las buenas prácticas en materia de integridad y lucha contra la corrupción.
Redacción
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La subgerente de Coordinación Interinstitucional Nacional, Jessica Bravo Silva, junto al gerente regional de Control de Piura, Joan Ramírez Merino, desarrolló una jornada de reuniones con el alcalde de Piura, Juan José Diaz Dios, regidores provinciales y consejeros regionales.
La primera institución visitada fue el Consejo Regional de Piura, donde los funcionarios de Contraloría fueron recibidos por los consejeros regionales, a quienes se les expuso el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses. “El objetivo de implementar este sistema es transparentar la información personal, familiar y financiera de todos los funcionarios y servidores públicos”, aseguró Bravo Silva.
Para garantizar la transparencia de la información declarada por los funcionarios se realizará un cruce de información con la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).
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Posteriormente, se realizó una exposición a los regidores de la comuna provincial, con la finalidad de explicarles los alcances de la iniciativa y cómo busca coadyuvarlos en su labor fiscalizadora. La funcionaria señaló que para la firma del convenio se requiere de la aprobación del pleno de concejo, a fin de facilitar este sistema de Contraloría. Lo mismo debe ocurrir con el Gobierno Regional.
Asimismo, el alcalde de Piura, Juan José Díaz, expresó su buena disposición para concretar este acuerdo luego de sostener una reunión con los representantes del máximo órgano de control. Durante este acto, el gerente Joan Ramírez resaltó que la institución no solo busca sancionar los actos de inconducta funcional, sino prevenirlos.
Se espera que Piura se una a regiones como Tumbes y Cajamarca para que cuente con un sistema que es administrado por la Contraloría General de la República y aplicado en todos sus funcionarios y colaboradores, con el fin de detectar casos que colisionen con la norma para determinar situaciones de nepotismo o similares.
