El Poder Judicial dispuso el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre la empresa de repostería Bakery 180 E.I.R.L, vinculada a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, como parte del proceso penal que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano, relacionado a Odebrecht.
El juez Leodan Cristóbal Ayala adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato a fin de que se ordenara la ejecución de estas medidas cautelares sobre dicho emprendimiento que lleva adelante la esposa del exmandatario desde julio del año 2020.
El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción y orden de inhibición hasta por la suma de 7 mil 245 soles, que representa el 100 % de las participaciones que la imputada posee en esta persona jurídica, por lo que ordenó que se cursen los partes correspondientes a los Registros Públicos de la Oficina Registral de la SUNARP Lima para que se proceda con la anotación en la partida registral correspondiente.
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Mediante una resolución emitida el último 21 de diciembre, el juez Cristóbal Ayala determinó que estas medidas cautelares son idóneas, necesarias y proporcionales al ser un mecanismo eficaz para garantizar los fines de la investigación y la posibilidad de resarcir el daño causado mediante el pago de una reparación civil, así como evitar que dicho bien no se transfiera o sea gravado para que, de esta manera, se pueda responder a la probable reparación civil a establecerse en la sentencia definitiva.
Cabe recordar que el pasado 28 de marzo, el Poder Judicial incorporó a la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato como «actor civil» o «parte agraviada» dentro de la investigación preparatoria seguida al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros por el caso Gasoducto Sur Peruano.
La defensa legal de nuestro país incluyo dentro de su solicitud para ser «actor civil» su propuesta inicial para que los implicados en este caso paguen, en forma solidaria, las sumas de mil 304 millones 74 mil 891.26 dólares americanos y 200 mil 603.13 soles como reparación civil a favor de estado peruano a raíz de este caso.
