La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó el embargo de los bienes inmuebles y muebles que registra el expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple una doble prisión preventiva en el penal de Barbadillo, y también los que registra el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres.
En el caso de Castillo, el requerimiento forma parte de las investigaciones que se le siguen por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, a nivel de la Fiscalía de la Nación, como consecuencia de su frustrado intento de golpe de Estado.
La solicitud para el embargo de bienes de Castillo fue realizada por el procurador general del Estado, Daniel Soria, al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia en la investigación seguida por lo ocurrido el 7 de diciembre del 2022.
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En su caso, la Sunarp no estimó valorización de los bienes cuya incautación fue solicitada. Pero sí figuran tres inmuebles ubicados en la urbanización rural Caserío Aliso, en el distrito de Anguía (Chota, Cajamarca), y un predio en Tacabamba.
En el caso del doctor Aníbal Torres, se consultó a la Sunarp por sus bienes inmuebles y muebles y se estableció una pretensión civil resarcitoria que asciende a S/67.711.048.
Entre los inmuebles del ex presidente del Consejo de Ministros se consignan un departamento en San Isidro, un sótano y estacionamiento en el mismo lugar. Además, se consignan otros de sus inmuebles, como uno en la urbanización Pando, y un vehículo Jeep.
