El 2023 es uno de los años más convulsionados para la política peruana con una serie de destapes e investigaciones en distintas esferas del Estado. Así también fue un año marcado ante un posible Fenómeno el Niño, la delincuencia y reactivación económica. Aquí un resumen de los hechos que marcaron la política peruana durante el año que termina.
Enero inició con protestas sociales que venían desde finales del 2022 tras el intento de Golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, las cuales terminaron con el exmandatario en la cárcel. Enero registró 1,261 acciones colectivas de protesta, la cifra más alta desde que se inició el registro de protestas.
Según información de la Defensoría del Pueblo, del total, 1,093 (86.7 %) estuvieron relacionadas al conflicto vinculado a la crisis política. En esta se rechazaba el gobierno de Dina Boluarte, se pedía adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente.
En febrero, La Comisión de Constitución del Congreso rechazó el predictamen que proponía establecer el adelanto de elecciones generales para el año 2023. La decisión fue adoptada por 12 votos en contra y 9 a favor sin haberse realizado debate alguno.
La propuesta planteaba que los comicios se realicen el segundo domingo de diciembre de 2023 para un gobierno de 5 años, es decir, hasta el 2028. La presidenta y los congresistas deberán concluir su mandato el 30 de abril de 2024. El nuevo jefe de Estado hubiese asumido funciones el 1 de mayo de 2024, mientras que los parlamentarios elegidos asumían el 30 de abril de 2024.
En marzo, Maritza Sánchez, exasesora de la presidenta Dina Boluarte durante la campaña presidencial de Perú Libre para las elecciones generales de 2021, reveló que la mandataria recibió dinero del exasesor de Henry Shimabukuro, exasesor inteligencia de Pedro Castillo, y de otros empresarios.
Sánchez contó que desde abril de 2021 comenzó a ayudar a Boluarte Zegarra en todas sus movidas de campaña y anotó todo en un improvisado cuaderno amarillo. En ese sentido, recordó que una de las primeras personas interesada en ayudar a la ahora jefa de Estado es Shimabukuro.
En abril, el expresidente Alejandro Toledo llegó al Perú procedente de los EE.UU, desde donde fue extraditado para ser sometido a la justicia peruana por casos de corrupción que se le imputan por la concesión de la obra de la Carretera Interoceánica Sur. El Ministerio Público, a través del fiscal José Domingo Pérez, ha pedido pena privativa de la libertad de 20 años y seis meses para Toledo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.
El mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre las protestas sociales que se desarrollaron contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. La CIDH concluyó que, de acuerdo a la información que adquirió tras visitar el Perú entre diciembre y enero, sí hubo un uso desproporcionado de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
En dicho comunicado y documento, se desprende que: «la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”,
En junio, tras presentarse ante el Congreso para exponer un informe sobre los trabajos que se hicieron para frenar al dengue en el Perú, Rosa Gutiérrez renunció al cargo de ministra de Salud luego de cuestionamientos.
Rosa Gutiérrez presentó su carta de renuncia en un mensaje que terminó entre aplausos por todos los presentes en el pleno. “Quiero trasladarle a la mesa que he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Salud”, dijo.
En julio, el congresista Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso (APP), y representante del Cusco, se convirtió en el presidente del Congreso para el periodo legislativo 2023-24, al haber resultado su lista de candidatos a la Mesa Directiva ganadora del proceso electoral, al obtener los 77 votos.
Sin embargo, su elección fue duramente cuestionada por el rosario de denuncias que poco a poco salieron a la luz en su contra. Su gestión se vio opacada por la famosa Ley de prescripción o también llamada ‘Ley Soto’, que lo libró de una condena de hasta por 8 años de cárcel por el presunto delito de estafa.
La era Soto también se ha visto empañada por blindajes éticos, casos de conflictos de intereses, leyes cuestionadas y bonos millonarios para el Legislativo.
En agosto, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 30 meses de prisión preventiva para la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Roger Gavidia por el presunto delito de colusión agravada y otros.
Esta decisión fue tomada en el marco del caso Fondo MiVivienda que comprende, según la tesis fiscal, pagos de sobornos en una trama de corrupción durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Todos los aludidos estuvieron presentes durante la lectura del fallo judicial.
Para septiembre, Hernando Guerra García, miembro del partido Fuerza Popular y en ese entonces primer vicepresidente del Congreso, falleció en la ciudad de Arequipa.
Su deceso ocurrió mientras se encontraba en la provincia de Islay, para participar en la Convención Perumin. El legislador sufrió una descompensación y fue trasladado de inmediato a una posta médica local, donde no encontró personal médico que lo atendiera.
A inicios de octubre, el Poder Judicial condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva al exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, por irregularidades detectadas en su gestión al frente de dicha instancia regional.
El también fundador y líder del partido Perú Libre es responsabilizado por el delito de colusión, supuestamente cometido en la concesión del Aeródromo Wanka.De igual manera, se impuso a Cerrón el pago de una reparación civil ascendente a 800 mil soles. Cerrón permanece prófugo hasta la actualidad, pero bastante activo en sus redes sociales.
En noviembre, con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó las mociones de censura 8911 y 8927 contra el ministro del interior, Vicente Romero Fernández, por su “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”. En consecuencia, el ministro presentó su renuncia. Durante el debate, los congresistas expresaron preocupación por el sur del país donde la extorsión va en aumento, al igual que en la capital.
A vísperas de cerrar el año, la detención de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides (fiscal de la Nación), destapó una presunta red criminal en el Ministerio Público que involucra a un listado de congresistas.
Según la tesis policial – fiscal de la DIVIAC junto al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), posicionan a Patricia Benavides como cabeza de esta organización criminal. Producto de esto, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó suspender provisionalmente a Patricia Benavides. Esto como parte del proceso disciplinario inmediato en su contra por las pesquisas que la sindican como líder de una presunta red criminal y por el cese de la fiscal Marita Barreto como líder del equipo especial que investiga ese caso.
En diciembre, para finalizar el año con broche de oro, la cereza del pastel fue el fallo del Tribunal Constitucional que admiteel indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien tras 16 años de prisión, abandonó el penal Barbadillo.
Fujimori, de 85 años, pasa las celebraciones de navidad y fin de año al lado de su familia y sus hijos Keiko y Kenji Fujimori,
