En enero pasado, cuando los representantes de Petroperú y Perúpetro fueron a Talara, Piura, a explicar cuál sería el futuro del antiguo lote marítimo operado por Savia Perú en el océano Pacífico, los pescadores artesanales quedaron devastados. Hasta entonces, muchos de ellos habían mantenido la esperanza de que Petroperú, la nueva operadora, tuviese un plan para remediar los daños causados por la operadora anterior.
“Nos dijeron que estaban esperando que Savia lo hiciera. Pero, para nosotros, es un engaño eso de que Savia va a volver para retirar las plataformas que ha dejado en el mar”, dice Eligio Pingo, pescador artesanal de la caleta Cabo Blanco. Al igual que sus compañeros, no cree en la buena fe de una empresa, asegura, que está acostumbrada a mentir o desconocer los daños ambientales que causa.
Lo mismo opina la activista y excongresista María Elena Foronda. “La autorregulación no funciona. Menos aún con una empresa como Savia Perú”, insiste. Foronda recuerda el derrame de julio de 2013 en el mar de Lobitos, cuando un ducto marino de Savia, que transportaba hidrocarburos desde la Plataforma ZZ hasta la Batería Primavera, se perforó a sólo 180 metros de la orilla. «Savia dijo que había derramado apenas 2 barriles y medio, pero la capitanía del puerto emitió un informe por más de 48 barriles», agrega Foronda.
Savia Perú operó durante 30 años el lote petrolero Z2b, en las costas de Talara y Sechura, en la región norteña de Piura. Ambas son zonas de pescadores.
Cuando la Dirección de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) fue a investigar lo ocurrido en el lote denominado Z-2B (hoy parte del lote 69), confirmó lo dicho por la capitanía y añadió que la causa de la perforación había sido la corrosión grave y generalizada del tubo. La falta de mantenimiento era evidente. “Savia no adoptó las medidas de prevención correspondientes a efectos de evitar el impacto ambiental negativo ocasionado en el mar de Lobitos”, concluyó OEFA en un informe de 2016. La sanción, indicó, podía llegar hasta las 800 UIT (lo equivalente, ese año, a S/3’160,000 o US$915,942, de acuerdo al valor promedio del dólar en 2016).
La empresa apeló y el proceso se alargó hasta 2017. Savia adujo que ya había sido sancionada por la capitanía y que, además, para entonces, ya no había peligro para la salud de las personas ni el medio ambiente. Finalmente, OEFA aceptó la apelación y desistió de la sanción, a pesar de resolver que Savia Perú SA sí tuvo responsabilidad administrativa.
Entre noviembre de 1993 y noviembre de 2023, Savia Perú tuvo a cargo las operaciones petroleras marítimas en las costas de Talara y Sechura, en el norte peruano.
De acuerdo con varios pescadores de Talara, en los 30 años que Savia operó el lote Z2b, los derrames de crudo han mermado las poblaciones de peces como merlín, atún, ojo de uva, cherela, jurel y corvina.
Savia tenía un contrato de concesión de exploración y explotación de hidrocarburos firmado con Perupetro S. A., la empresa del Estado que se encarga de negociar y supervisar este tipo de contratos. Quedó a cargo del lote marítimo Z-2B, un área que abarcaba 130, 315.659 hectáreas.
Savia tuvo capitales colombianos y surcoreanos y actualmente es una compañía estadounidense, que tras la finalización de la concesión en noviembre último, trasladó las operaciones a Petroperú, la empresa estatal que refina, distribuye y comercializa los combustibles y otros derivados del petróleo. Esta última ahora tiene en sus manos la operación del lote Z-2B (que hoy forma parte del lote 69) por dos años.
Contaminación y abandono
Las huellas de las operaciones de Savia tienen secuelas hasta hoy. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) viene peleando desde hace años para que Savia asuma, con carácter de urgencia, la limpieza de dos áreas (A1 y A2), vecinas a la albufera de Punta Balcones, una laguna de poca profundidad, formada por filtraciones de agua marina, también conocida como “la laguna de las parihuanas”, en La Brea. Se extiende a través de unas 50 hectáreas.
Plataforma petrolera dejada por Savia. Según Petroperú, el 50% de la infraestructura recibida de esta empresa es obsoleta. Crédito: Handrez García- Amazon Watch.
De acuerdo con OEFA, Savia contaminó con petróleo y bario dos terrenos de 4.800 metros cuadrados y de una hectárea, a sólo 175 y 275 metros de la albufera, respectivamente. La contaminación constituye una amenaza para este ecosistema frágil, que cada año recibe a varias especies de aves migratorias y es hogar de otras tantas nativas, como los flamencos o parihuanas, ostreros y playeritos.
Savia intentó rehuir su responsabilidad en varias oportunidades y no incluyó la remediación de estos terrenos en su plan de abandono. Al contrario, exigía que OEFA declarara ambas zonas como “pasivos ambientales”, de acuerdo con un estudio elaborado por Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Es decir, que se convirtieran en un problema del Estado y del siguiente operador.
A través de su área de prensa, Savia insistió en que estas áreas no fueron intervenidas ni contaminadas durante sus operaciones: “La contaminación es consecuencia de los numerosos pasivos ambientales existentes en la zona y que incluso habían sido previamente identificados por el MINEM (Ministerio de Energía y Minas), motivo por el cual no formaron parte del Plan de Abandono”. Aseguró también que le solicitó a OEFA —conforme al régimen de Sitios Contaminados— efectuar un estudio hidrogeológico para estudiar el caso con mayor detenimiento ya que la medida dictada por OEFA sería “errada”. “Si eso se hace en unos días el suelo limpio se volverá a contaminar por efecto del desplazamiento del petróleo que se traslada junto con el agua subterránea contaminada por los pasivos ambientales preexistentes”, agregó.
Los pasivos ambientales son toda infraestructura mal abandonada, suelos contaminados, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos como consecuencia de operaciones de empresas de hidrocarburos que ya cesaron sus actividades donde produjeron los impactos, de acuerdo a la Ley 29.134, que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos.
Savia insistió en que no es posible comprobar que ella haya sido la causante de los derrames, aun cuando OEFA hizo esos hallazgos durante supervisiones en las cuales los propios representantes de la empresa habían participado y no negaron nada. Entre las cosas que encontró OEFA había “manchas de tonalidades negras y pardas de forma dispersa por toda la zona mencionada”, pedazos de trapos, un solenoide, parte de un overol y guantes enterrados. También había huellas de vehículos pesados, como los usados por Savia, y un olor penetrante a petróleo.
Para OEFA no fue difícil concluir que la contaminación se debía a una “mala disposición de suelos contaminados con hidrocarburos propios de las operaciones de Savia”.
La amenaza de los pasivos
Hasta 2022, había 16 pasivos ambientales en el lote Z-2B: diez presentaban riesgo bajo; cinco, riesgo medio; y uno, riesgo alto, de acuerdo al estudio elaborado por Oxfam y la CNDDHH.
Actualmente, el Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas registra sólo seis pasivos. Tres de ellos, corresponden a pozos petroleros mal abandonados en Lobitos (en Talara, Piura), que han sido considerados por OEFA de riesgo bajo para la salud, la seguridad de la población y la calidad ambiental. Son los pozos B214, B 214-A y B197.
Los otros tres pasivos también son pozos mal abandonados y están ubicados en La Brea y Pariñas. Son los pozos BA 42, BA 303 y BA 310. En el primero, OEFA ha detectado emisiones gaseosas fugitivas que implican un riesgo medio tanto para la salud como para la seguridad de la población y la calidad ambiental, de acuerdo al inventario del organismo.
En el segundo caso, OEFA ha hallado alto riesgo para la salud y la calidad ambiental, así como un riesgo medio para la seguridad de la población debido tanto a emisiones gaseosas fugitivas como a un suelo contaminado con hidrocarburos y cromo hexavalente. En el tercer caso, se han determinado los mismos riesgos en nivel alto, sumado a alto riesgo también para la seguridad de la población.
Residuos petroleros en una de playa de Negritos afectada por la actividad petrolera en la zona. Cortesía: Domingo Rodríguez.
Sin embargo, existe un subregistro de estos incidentes por parte de los entes gubernamentales encargados de fiscalizar a las empresas explotadoras de hidrocarburos, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la propia OEFA, de acuerdo al estudio de Oxfam y la CNDDHH.
“Al analizar los datos de las entidades de fiscalización, nuevamente se distingue el alto número de divergencias y ausencias en los registros del Osinergmin y del OEFA”, explica el informe. De los 1.002 derrames y fugas contabilizadas, en 96 casos se hallaron datos divergentes entre las entidades mencionadas respecto a las causas o a la cantidad de barriles.
A ello, se suma que desde 2011 (cuando OEFA comenzó a fiscalizar el sector de hidrocarburos), 382 casos de emergencias sólo fueron consideradas por una de las entidades, dice el estudio. Desde aquel año, hubo 38 derrames no contabilizados por Osinergmin en el lote Z-2B que operaba Savia.
Oxfam ha registrado otras cifras: entre 1997 y 2021, hubo 65 derrames en dicho lote, de los cuales 53 son atribuidos a Savia Perú. Como resultado, es uno de los lotes con mayor frecuencia de derrames a nivel nacional, con el 5% de los barriles derramados en producción, de acuerdo al informe de Oxfam y la CNDDHH . Además, tuvo el mayor volumen de fugas de gas entre 1997 y 2021: 10.000 millones de pies cúbicos.
Estructuras inservibles
En el lote operado por Savia en el pasado, existen 843 pozos inactivos y sólo 79 plataformas operativas, asegura Osinergmin. “Sin embargo, muchas de estas son antiguas. Para que se mantengan en estado apto se requiere que se continúe con las inspecciones y mantenimiento”, dice la entidad.
Savia no ha cumplido con eso. Por eso, Osinergmin le inició en 2023 quince procedimientos administrativos sancionadores. “Los quince están asociados al incumplimiento de las actividades consignadas en el Manual de Operación y Mantenimiento, el cual es de obligatorio cumplimiento”, dice el organismo.
También, por esa razón, el entonces presidente del directorio de Petroperú, Pedro Chira, denunció en 2023 que el 50% de la infraestructura recibida de Savia era obsoleta. «El 50% de los activos (está) en condición de chatarra y el otro 50% en condición de mala a regular», dijo, y aseguró que Petroperú interpondría un proceso de cobranza por descuido administrativo en contra de la anterior operadora.
Petroperú se excusó de brindar más detalle ante la consulta de Convoca.pe. La compañía sólo respondió que “ha realizado un servicio especializado de due diligence técnico-legal” de los activos arrendados a la empresa Savia, para “contrastar los inventarios de los activos entregados con los encontrados y el estado de operatividad de cada uno de estos”. Su objetivo, aseguró, es determinar si el sistema de mantenimiento a lo largo del contrato fue suficiente, “así como identificar las conformidades, observaciones y oportunidades de mejora en el sistema de gestión de integridad”.
La situación había sido alertada por un grupo de empleados que trabajaban para Savia bajo la modalidad de terceros, según surge de un documento analizado por Convoca.pe. En 2020, le escribieron al entonces ministro de Energía y Mina, Luis Miguel Incháustegui. Le contaron que ellos habían denunciado a la empresa por no realizar un correcto mantenimiento de los activos del Estado, lo cual había provocado accidentes “con consecuencias fatales”. “La empresa concesionaria, Savia Perú, no les realiza el mantenimiento respectivo y el Estado no ha llevado un proceso adecuado de fiscalización tal cual como lo establece el contrato petrolero”, dijeron entonces.
Actualmente, la población de Talara, y en especial los pescadores, exigen el retiro de las estructuras que Savia ha dejado en el mar. Eligio Pingo afirma que los pescadores de Cabo Blanco están desesperados. “Antes encontrábamos merlín, atún, ojo de uva, cherela y corvina a 5 millas de la orilla. Ya no. El bonito, que había bastante acá, el jurel y la caballa también han desaparecido”. “Para encontrar atún y pez espada, debemos ir a 50, 60 millas. Y, a veces, volvemos sin nada”, asegura.
Juan Domingo Rodríguez, excandidato a la alcaldía de La Brea, también culpa a Savia por esa situación. “Es que Savia no ha cumplido con un correcto plan de abandono. Esta empresa debió ir retirando las plataformas que no estaban en producción. Hay plataformas que se han caído. Hay otras por las cuales pasas y se escucha el sonido del gas que sale”, cuenta, y nos muestra un video grabado por él mismo el 1° de marzo último.
Savia no opina igual. Según la empresa, para enero de este año ya había ejecutado 114 de los 121 componentes consignados en su plan de abandono y sólo les quedaba pendiente lo relacionado con las plataformas VV (Lobitos) y MX1 (Peña Negra), incluyendo el retiro de castillos y el monitoreo de agua, sedimentos, fito y zooplacton, macrobentos, aves, mamíferos y tortugas en la zona de influencia en ambas plataformas.
La empresa también sostiene que realizó la limpieza y abandono de ductos submarinos de crudo y gas asociados a plataformas inoperativas y algunas otras que supuestamente pueden continuar funcionando, aunque Petroperú ya las haya catalogado como obsoletas.
La plataforma VV es, precisamente, una de las que más terror causa a los pescadores. En abril de 2022, se vino abajo derramando dos barriles y medio de crudo. El incidente no les causó sorpresa pues se trata de una plataforma en pésimo estado que, por esa razón, se encontraba en desuso desde 2012. El problema es que, más de un año después, Savia seguía sin proponer un plan de abandono que cumpliera con las exigencias técnicas y ambientales. “Tememos que vaya a haber un derrame peor”, dice Pingo.
Osinergmin asegura que el asunto no ha pasado por agua tibia, sino que hay un procedimiento administrativo sancionador en curso. “Se encuentra en etapa final”, dice.
En cuanto a la plataforma MX1, Savia estuvo dando excusas para dejarla tal cual. Una de ellas era que no quería alterar el arrecife artificial que se había formado en las estructuras. Si bien es cierto que había un pedido de la ciudadanía por preservar ese ecosistema, los entes encargados le contestaron que debía informarse sobre las tecnologías que usaban otras empresas en el mundo para llevar a cabo el retiro de la plataforma con el menor daño posible. En 2023, el Observatorio Marino Costero Peruano interpuso una medida cautelar para preservar el arrecife y, en octubre, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima ordenó la suspensión provisional del retiro de esa plataforma.
Otra estructura problemática es la plataforma OO. En 2023, se desmoronó mientras Savia llevaba a cabo el “hundimiento controlado”. “Hicimos denuncias; vinieron congresistas y fiscales. Al final, nadie hizo nada por el mar”, dice Eligio Pingo, y asegura que ninguna autoridad les ha dado, hasta ahora, información sobre lo ocurrido y sobre la magnitud del daño. Por su parte, Osinergmin insiste en que, en este caso, también ha realizado las inspecciones necesarias y que pronto se establecerán sanciones administrativas “por incumplimiento a la normativa técnica”.
La Defensoría del Pueblo también ha venido insistiendo para que se le brinde información con respecto a las supuestas negligencias y derrames de Savia Perú, sobre todo los de 2022, año en que hubo varias ocurrencias.
Consultada por Convoca.pe, Savia Perú aseguró que no ha sido culpa suya el atraso en el cumplimiento del Plan de Abandono. Según la empresa, el problema radica en que el Ministerio de Energía y Minas demoró casi 4 años en aprobar su propuesta. Lo cierto es que esa demora está relacionada con la cantidad de observaciones que los diferentes entes del Estado le hicieron a Savia Perú, cuyo plan original no cumplía con los requisitos mínimos.
Nota de Convoca por María del Carmen Yrigoyen
Con información de Leandro Amaya.
