El 3 de noviembre de 2010, el Banco de Crédito del Perú (BCP) inició una serie de desembolsos clandestinos, la primera de 17 entregas que sumaron US$3,65 millones a favor de Keiko Fujimori durante su campaña presidencial. La última entrega se realizó el 23 de mayo de 2011. Después de ocho años y seis meses, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) descubrió estos aportes gracias a la confesión de Dionisio Romero Paoletti, presidente de Credicorp, ante el equipo especial Lava Jato el 18 de noviembre de 2019.
El 29 de noviembre de 2019, la SBS designó un Grupo de Trabajo Ad Hoc para determinar las responsabilidades de los involucrados. Este grupo encontró que directivos y funcionarios de primer nivel del BCP, incluido Romero Paoletti, vulneraron normas del sistema bancario, recomendando sanciones pecuniarias.
El informe revela que los aportes a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) fueron decididos por Romero Paoletti y coordinados con Walter Bayly Llona, COO de Credicorp. Las entregas de efectivo fueron realizadas por José Luis Muñoz, gerente de la División de Contabilidad, en la oficina de Romero.
Investigación y Sanciones
El fiscal José Domingo Pérez utilizó el informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc como evidencia en el caso Cócteles, demostrando el origen opaco del dinero entregado a Keiko Fujimori. Durante el periodo de los desembolsos, Fujimori ejercía como congresista y no declaró estos fondos al Jurado Nacional de Elecciones.
El esquema de extracción de fondos involucró la bóveda principal del BCP en La Molina, con compensaciones en cuentas del Atlantic Security Bank (ASB) en Estados Unidos. Este procedimiento contravino la Ley General del Sistema Financiero, y las decisiones se tomaron sin el conocimiento del directorio del BCP o Credicorp.
La SBS destacó que los retiros de efectivo para los aportes fueron decididos unilateralmente por un único funcionario, sin consultas a áreas críticas como Riesgos, Legal y Auditoría. Esto fue confirmado por correos electrónicos que gestionaron los retiros en efectivo.
Acusaciones y Defensa
El fiscal Pérez sostiene que las entregas de dinero a Keiko Fujimori podrían haber evitado la trazabilidad de los US$3,65 millones, sugiriendo posibles depósitos a cuentas del partido fujimorista por falsos aportantes. Tanto la defensa de Romero Paoletti como la de Fujimori argumentan que el origen del dinero es lícito y que no hubo lavado de activos. Sin embargo, Pérez afirma que el fraude se dio al disponer de los fondos del BCP sin conocimiento del directorio.
Sanción Económica
La SBS impuso una sanción de 400 UIT (alrededor de S/1.760.000) al BCP por no informar sobre los aportes a Keiko Fujimori. El BCP pagó esta multa en abril de 2021 y reconoció sanciones administrativas sin mencionar delitos, indicando que los fondos provenían de dividendos de Credicorp, según su información contable auditada.
