Continúan las incertidumbres en torno a la presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República. A través de un documento enviado al alcalde oficial Giovanni Forno, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, solicitó acceso a las grabaciones en el marco de la investigación. Sin embargo, su solicitud fue rechazada, y la versión de un exdirigente del Poder Legislativo cuestionó lo expuesto.
La solicitud hecha con carácter urgente, tenía como finalidad revisar las grabaciones correspondientes al período del 1 de julio al 31 de agosto de la sede ubicada en la Av. Abancay, en el Centro de Lima, pero se les negó bajo el pretexto de que los archivos fueron eliminados debido a un problema de almacenamiento.
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Forno explicó que el Congreso no dispone de esos videos por la capacidad limitada de los equipos del sistema de videovigilancia, los cuales solo conservan la información de los últimos 25 días. “Una vez transcurrido ese plazo, el sistema funciona de manera automática, sobreescribiendo los datos más antiguos para asegurar la continuidad en la grabación diaria”, detalló.
Incluso, agregó que “este proceso automático implica que los datos más antiguos son eliminados solo para dar paso a las nuevas grabaciones, sin intervención manual ni alteraciones en el sistema. Por lo tanto, queda descartada cualquier versión o información que sugiera un borrado intencional o irregular de los datos de almacenamiento”.
Sin embargo, Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso, ofreció una versión distinta. Consultada por La República , la exlegisladora indicó que en su gestión, cuando “hubo ciertos incidentes en las instalaciones del Congreso, se recurriría a los archivos de los videos de las cámaras de videovigilancia sin problema alguno”.
“En ese entonces, no se me reportaron problemas de capacidad de almacenamiento; al menos, las veces que solicitaron esas grabaciones se me entregaron sin dificultades. […] Recuerdo que me entregaron incluso videos de más de 15 días de antigüedad. No sé si en ese momento había otro sistema de almacenamiento”, señaló.
En ese sentido, demostró que si el Congreso ha identificado un problema de almacenamiento, su prioridad para invertir recursos debería centrarse en ese asunto “no solo para garantizar que cada hecho en el parlamento quede registrado y pueda ser usado como prueba, sino para cumplir con los estándares mínimos de transparencia”.
