La presidenta Dina Boluarte, anunció nuevas medidas en la política migratoria que buscan enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en el país. El Gobierno exigirá que todos los migrantes venezolanos presenten un contrato de trabajo formal y un contrato de alquiler, como parte de un reajuste en las normativas de Migraciones.
Esta disposición tiene como objetivo seguir de cerca el origen y destino de los ingresos de los extranjeros, a través de una colaboración con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
En una conferencia, Boluarte destacó que estas medidas son posibles gracias a las facultades otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, lo que permitió la promulgación de 37 normas legales orientadas a combatir el crimen organizado.
Entre las nuevas obligaciones, también se contempla que los arrendadores informen a Migraciones sobre la presencia de ciudadanos extranjeros en sus inmuebles, aunque la presidenta no especificó el cronograma para la implementación de estas reformas.
En su discurso, Boluarte responsabilizó a los gobiernos anteriores por la actual situación migratoria. Según la mandataria, desde el mandato de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), «se dejaron las fronteras abiertas” sin tomar medidas suficientes para controlar el flujo migratorio y su impacto en la criminalidad.