El Tribunal Constitucional (TC) lanza un salvavidas a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al suspender la medida cautelar que otorgó el Poder Judicial a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Aldo Vásquez e Inés Tello frente a su inhabilitación por 10 años que aprobó el Congreso. De esta manera, juega en pared con el Parlamento para tratar de evitar que el caso de Benavides sea votado en el pleno de la JNJ.
El magistrado César Ochoa confirmó esta decisión, afirmando que la medida cautelar queda en suspenso hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema resuelva la apelación que está pendiente.
“Estamos respetando la independencia del Poder Judicial… Estamos diciendo que esta medida cautelar queda en suspenso porque hay una apelación el proceso de amparo… Puede confirmar la medida cautelar, en cuyo caso seguirá vigente”, dijo en RPP.
Sostuvo que Vásquez y Tello tendrían que dejar nuevamente la JNJ cuando la resolución se publique, lo que ocurrió un par de horas después.
Sin embargo, la investigación a Patricia Benavides en la JNJ proseguirá porque hay cinco magistrados para hacer quorum. En la práctica, solo Vásquez no votaría porque Tello no hubiera podido hacerlo, al haber presentado el informe recomendando la destitución de la suspendida fiscal de la Nación.
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Por otro lado, al mismo tiempo se conoció que el TC declarado infundada la demanda competencial que el Ministerio Público presentó en agosto del año pasado contra la JNJ para que no investigue a Benavides.
Lo curioso es que toman esta decisión justo tras conocerse -a raíz de los allanamientos del operativo Valkiria XI- que un aspirante a colaborador eficaz sostuvo Patricia Benavides habría coordinado por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, la presentación de la demanda competencial para no ser investigada por la JNJ.
“Ella (Patricia Benavides) junto con (sus asesores) Jaime Villanueva y Miguel Girao planificaron que debían plantear una demanda competencial ante el TC porque tenían que aprovechar que el presidente, Francisco Morales Saravia, es muy cercano al fiscal adjunto supremo Marco Huamán y por intermedio de él les harían el favor de declarar fundada la demanda competencial”, se lee. Dice que Benavides envió a Huamán a ver a Morales: “En esa reunión, el presidente del TC le dijo a Marco Huamán que tenían que presentar la demanda competencial antes del 20 de agosto del 2023 porque él se iba a ausentar por varios días y quería dejar admitida la demanda, además, se comprometió a ayudar a la fiscal de la Nación y que declararían fundada la demanda competencial, y que para asegurar que la ayudarían, él se comprometió a designarse como ponente de la causa”. La demanda se presentó el 16 de agosto.
No solo eso. El mismo aspirante a colaborador refirió que en una conversación entre Benavides, Villanueva y Girao, esta les hizo saber “que por intermedio de José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca había contactado a José Antonio Chang, de la Universidad San Martín de Porres, quien “tenía la conexión con los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich” porque “los invitaba a congresos donde les pagaba los viajes y gollerías”.
