La Federación Nacional y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público han anunciado una huelga nacional de 72 horas para los días 14, 15 y 16 de octubre, en protesta por la falta de atención del Ejecutivo a sus demandas salariales y requerimientos institucionales. Más de 18 mil trabajadores a nivel nacional participarán en esta medida de fuerza, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales.
Demandas por mejoras salariales
Los trabajadores del Ministerio Público denuncian que, pese a sus constantes pedidos al Gobierno Nacional, no han recibido mejoras en sus remuneraciones para quienes se encuentran bajo los decretos legislativos 1057, 276 y 728. Según el comunicado del sindicato, estos trabajadores han sido «discriminados y relegados» con salarios que no han sido ajustados en siete años. Además, los empleados bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) afirman que llevan más de diez años sin mejoras salariales.
Pronunciamiento ante la coyuntura política
En su pronunciamiento, los trabajadores expresan su preocupación por las repercusiones que la situación política podría tener sobre sus demandas. «Consideramos que restringir los derechos económicos laborales de los trabajadores del Ministerio Público, serán tomados como actos de represalia por la coyuntura existente, de la cual, repetimos, no tenemos ninguna injerencia o participación», afirman.
Asimismo, rechazan que los eventos de naturaleza política sigan afectando sus justas demandas, y advierten que, si no se atienden sus peticiones, se verán obligados a radicalizar sus medidas de protesta en defensa de su derecho a mejores remuneraciones, sin distinción alguna.
Conferencia de prensa y anuncio de medidas radicales
Esta mañana, los principales dirigentes y representantes de los trabajadores del Ministerio Público realizaron una conferencia de prensa en la que informaron sobre la huelga de 72 horas y las razones detrás de esta medida. La protesta busca visibilizar la situación de los empleados de esta importante institución, quienes se sienten relegados por el Gobierno en cuanto a sus derechos económicos.
