La movilización convocada por los líderes de las rondas campesinas de Ayabaca en rechazo a la adjudicación de las concesiones del proyecto minero Río Blanco no obtuvo el respaldo esperado de la población. A pesar de los esfuerzos de los organizadores, la asistencia fue menor en comparación con protestas previas.
Luego de recorrer algunas calles del distrito, los manifestantes llegaron a la Plaza de Armas de Ayabaca, donde se instaló un escenario para que los líderes ronderiles y representantes de diversas instituciones expusieran sus argumentos. Durante su intervención, la abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), sostuvo que “la consulta previa debió realizarse antes de la concesión de las áreas mineras, conforme a tratados internacionales y la jurisprudencia, como se determinó en el caso de la Comunidad Tres Islas”. Asimismo, refutó la idea de que la consulta previa solo es obligatoria a partir de la Ley de Consulta Previa de 2011, argumentando que la Convención Americana de Derechos Humanos ya contemplaba este derecho.
Por otro lado, la empresa Río Blanco se pronunció sobre el tema y destacó la existencia del informe N° 12648-2024-INGEMMET-DCM-UTM, emitido por INGEMMET, que establece que “el otorgamiento de concesiones mineras no vulnera el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios”. Además, reiteraron que la consulta previa será realizada en el momento adecuado y conforme a la legislación vigente.
El tema sigue generando debate en Ayabaca, donde sectores de la población exigen mayor transparencia en el proceso, mientras que las autoridades y la empresa insisten en que se están cumpliendo los procedimientos legales.
