Alan Alfonso Estéves Mejía (39) fue condenado a 20 años de prisión efectiva por el delito de violación sexual en agravio de una adolescente vulnerable. La sentencia, obtenida mediante adelanto de fallo, fue impulsada por la Fiscal Provincial Diana Montoro Flores, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Castilla, quien presentó pruebas contundentes durante el juicio oral.
El caso evidenció que Estéves Mejía aprovechó la condición de vulnerabilidad de la víctima, quien presentaba diagnósticos neurológicos y psiquiátricos al momento del hecho. “El acusado actuó con total desprecio hacia la dignidad y los derechos de la joven, aprovechándose de un entorno en el que ella no podía dar su libre consentimiento”, declaró la fiscal Montoro Flores durante el proceso judicial.
El Juzgado no solo impuso la pena privativa de la libertad, sino que también ordenó que Estéves Mejía cancele 20,000 soles como reparación civil a favor de la víctima. Además, se dispuso que el condenado reciba tratamiento psicoterapéutico durante su reclusión en el Establecimiento Penitenciario de Varones, donde ya se encontraba recluido desde que se le dictó prisión preventiva.
“Esta sentencia no solo busca castigar al agresor, sino también reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a la víctima y su familia”, señaló la fiscal Montoro Flores. La decisión judicial ha sido celebrada por organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y grupos vulnerables, quienes consideran que este caso sienta un precedente importante en la región.
Este fallo se enmarca en un contexto en el que Piura y el Perú enfrentan cifras alarmantes de violencia contra las mujeres y grupos vulnerables. Según datos del Ministerio Público, los casos de violencia sexual y feminicidios han registrado un incremento preocupante en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas de protección y justicia.
Mientras Estéves Mejía cumple su condena, la víctima y su familia recibirán el apoyo necesario para continuar con su proceso de recuperación. La reparación civil ordenada por el juzgado busca aliviar, en parte, las secuelas emocionales y económicas que este hecho ha generado.
