Ocho proyectos de ley han sido presentados en el Congreso con el objetivo común de derogar el Decreto Supremo 136-2025-EF, que autorizó el incremento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte en más del 122 %. Esta medida ha desatado una fuerte reacción política y social, y ahora el Parlamento evalúa someterla a una primera votación en la Comisión Permanente durante el receso legislativo.
La legisladora Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, afirmó que la mayoría de bancadas —salvo Fuerza Popular y Alianza para el Progreso— respaldan la derogatoria. Calificó el incremento como un “aumento descarado” y cuestionó su justificación técnica, calificándola de inmoral y alejada del contexto económico que vive el país.
La norma, oficializada recientemente, representará para la mandataria un ingreso acumulado de S/462 mil hasta el fin de su gobierno en 2026, sin contar los bonos adicionales por fiestas. El reajuste ha sido duramente criticado por su falta de transparencia y por haberse aprobado sin debate público.
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Además, expertos han advertido que Boluarte se encuentra en una situación privilegiada, ya que tras su mandato accederá a una pensión vitalicia igual al salario de un congresista (S/15,600), pese a la eliminación de dicho régimen para otros funcionarios desde el año 2004.
En medio del debate, algunos sectores exigen que el Congreso no solo derogue el decreto de aumento, sino que revise de fondo los privilegios presidenciales, incluyendo la cuestionada “cédula viva” que aún se aplica a jefes de Estado. La decisión ahora está en manos del Legislativo, que deberá votar si revierte el controvertido beneficio.
