El gasto destinado al pago de personal en el Congreso de la República registró un fuerte incremento en los últimos cinco años. De acuerdo con una investigación periodística, el presupuesto pasó de S/ 402 millones en 2021 a S/ 906 millones en 2025, lo que representa un aumento superior al 125 %. Este incremento responde, entre otros factores, a la contratación de personal de confianza y al otorgamiento de diversos beneficios económicos aprobados por la Mesa Directiva del Parlamento.
Cada congresista tiene la facultad de contratar hasta siete trabajadores de confianza para su despacho. Según la información difundida, los asesores, técnicos, asistentes, auxiliares y coordinadores reciben remuneraciones que se incrementan con bonos y asignaciones adicionales, elevando significativamente el costo total de la planilla parlamentaria.
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Revelan bonos que incrementan los ingresos del personal
De acuerdo con una investigación del programa Punto Final, los trabajadores del Congreso perciben, además de su salario, una serie de bonos mensuales, semestrales y anuales. Entre ellos figuran S/ 100 diarios por concepto de alimentación, lo que equivale a S/ 2,100 mensuales, así como bonificaciones por escolaridad, vestimenta, CTS, ampliación y cierre de legislaturas, además de un pago adicional por vacaciones. El reportaje también señala que estos beneficios elevan los ingresos reales de los trabajadores por encima de los montos consignados como sueldo base.
El jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, Christopher Acosta, señaló que el excongresista Carlos Anderson presentó un proyecto de ley para limitar este tipo de bonificaciones y reducir el gasto público; sin embargo, la iniciativa fue archivada. Asimismo, el reportaje indica que el Congreso no entregó copia del convenio colectivo suscrito con el sindicato de trabajadores para el periodo 2026-2027, pese a una solicitud de acceso a la información pública.
La investigación también advierte que el Parlamento se encuentra excluido del régimen de la Ley Servir, normativa que promueve la meritocracia en el sector público. Mientras tanto, el sindicato de trabajadores defiende los beneficios económicos al sostener que son similares a los otorgados en otras entidades del Estado.
