En su último mensaje a la nación, la presidente Dina Boluarte guardó silencio sobre el avance de la minería ilegal y el crimen organizado, un problema que hoy controla gran parte del negocio del oro en el país. Pese a que la minería ilegal y sus vínculos con delitos como lavado de activos y trata de personas representan una amenaza nacional, el gobierno dedicó escasas menciones y ninguna medida clara para enfrentarla.
Boluarte solo se refirió seis veces a la minería ilegal, equiparándola con la pequeña minería artesanal, y mencionó la aprobación de una estrategia nacional al 2030 junto a algunos operativos puntuales. Sin embargo, evitó referirse a las mafias que controlan este negocio y al impacto de las recientes normas que han debilitado la lucha contra estas redes criminales.
Especialistas advierten que este silencio responde a una estrategia política. La presidenta evitaría confrontar a congresistas con intereses mineros, quienes han promovido leyes que facilitan la expansión de la minería informal. Entre ellas está la Ley 31973, que amplió el plazo de formalización, y otras normas que reducen sanciones o recortan funciones a entidades clave como la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Además, se prevé que el Congreso impulse próximamente una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que reduciría exigencias ambientales y permitiría que las mafias del oro ilegal se camuflen como formalizables. Esto representaría, según expertos, un retroceso de más de una década en la lucha contra esta actividad ilícita.
Mientras tanto, el 81 % de peruanos considera la minería ilegal una amenaza para la seguridad del país. Sin embargo, el gobierno y el Congreso parecen actuar de espaldas a esa preocupación ciudadana, permitiendo el avance de economías ilegales que debilitan el Estado y profundizan la corrupción.
