La aplicación de fotopapeletas, multas por exceso de velocidad y sanciones por cruzar luz roja ha generado polémica en Piura, luego de que la Municipalidad Provincial de Piura anunciara que empezará a notificar más de cuatro mil infracciones registradas desde diciembre. Las fotopapeletas por exceso de velocidad y luz roja comenzarán a regir la próxima semana, según confirmó el gerente municipal, Gerardo Alvarado.
El funcionario explicó que las imágenes y pruebas fueron recopiladas a través de equipos tecnológicos acreditados por el Instituto Nacional de la Calidad y que están instalados en avenidas como Sánchez Cerro, Progreso, Andrés Avelino Cáceres y la Panamericana Norte, además de zonas cercanas al puente Bolognesi y el Mallplaza. Precisó que las sanciones serán graduales y que, en casos no reiterativos detectados desde el 18 de diciembre, las notificaciones tendrán carácter informativo o preventivo.
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De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, la multa por cruzar la luz roja asciende a S/ 660, mientras que por exceso de velocidad oscila entre S/ 990 y S/ 2,750, dependiendo del límite superado. Por ejemplo, en la vía Sánchez Cerro con Sullana el límite es de 30 km/h con tolerancia hasta 35 km/h; superado ese margen, la sanción aumenta progresivamente hasta el tope establecido.
Sin embargo, la medida ha provocado fuertes cuestionamientos de conductores y vecinos. Algunos consideran que se prioriza la recaudación antes que el mejoramiento de pistas y señalización, calificando la decisión como un “lucro” municipal en medio de vías deterioradas. Otros advierten que no hubo suficiente campaña informativa ni capacitaciones previas, y dudan de que la ciudad esté preparada para implementar tecnología de este tipo.
También surgieron críticas sobre la legalidad de aplicar sanciones por hechos ocurridos antes de la publicación formal del reglamento, recordando el principio de no retroactividad de las normas. Incluso, algunos sectores del transporte han planteado la posibilidad de un paro si las notificaciones no son solo preventivas. La controversia abre un debate sobre seguridad vial, legalidad y gestión municipal en Piura.
