El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, exigió la ejecución de obras definitivas en el río Piura y precisó que la competencia sobre el mantenimiento de cauces, la caja hidráulica y la franja marginal recae en la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En ese contexto, informó que la región registra más de 12 mil afectados y 1 350 damnificados por las recientes precipitaciones.
Durante declaraciones a RPP, la autoridad regional explicó que la descolmatación y gestión técnica de los cauces no corresponde a los gobiernos regionales ni a las municipalidades, sino a la ANA, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Señaló que en años anteriores la entidad no contaba con condición de unidad ejecutora, lo que limitaba su capacidad presupuestal para intervenir directamente.
Neyra advirtió que la ausencia de una intervención integral en el río Piura expone a la región a un riesgo económico elevado ante eventuales desbordes asociados al Fenómeno El Niño. Indicó que el proyecto integral ha sido estimado en aproximadamente 10 mil millones de soles y sostuvo que ese monto equivale a las pérdidas que se generan cada vez que ocurre un evento extremo sin infraestructura de prevención adecuada.
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En relación con la emergencia actual, detalló que se han reportado 46 viviendas totalmente destruidas, además de daños en infraestructura vial y servicios básicos. Asimismo, planteó la necesidad de establecer una política sostenida de reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable, como quebradas activas y áreas propensas a deslizamientos.
La emergencia también ha impactado al sector turismo en balnearios del norte, especialmente en Máncora, donde las lluvias afectaron vías de acceso en plena temporada alta. Según el gobernador, parte de los daños en infraestructura pública se vincula con edificaciones informales que alteran el drenaje natural y desvían el flujo de agua hacia carreteras y espacios urbanos.
Finalmente, el titular regional responsabilizó a las municipalidades por autorizar construcciones en zonas inadecuadas y planteó fortalecer el marco sancionador para funcionarios que permitan este tipo de intervenciones. Reiteró su pedido al Ejecutivo y a la Presidencia del Consejo de Ministros para priorizar una solución estructural que reduzca la vulnerabilidad hidráulica en la región.
