El Gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días calendario en diversos distritos de las regiones de Ayacucho, Cusco, Junin y Piura con el objetivo de enfrentar delitos como el tráfico ilícito de drogas y otras situaciones de criminalidad.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 029-2026-PCM, que establece la intervención en distritos de las provincias de La Mar (Ayacucho), La Convención (Cusco) y Satipo (Junín).
Distritos incluidos en la medida
El decreto comprende los siguientes distritos:
- Provincia de La Mar (Ayacucho): Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso.
- Provincia de La Convención (Cusco): Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea.
- Provincia de Satipo (Junín): Pangoa y Río Tambo.
Durante el estado de emergencia, la Policia Nacional del Peru mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas del Peru.
Asimismo, se podrá restringir temporalmente algunos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión, con el fin de facilitar las operaciones de seguridad.
Zonas excluidas
El decreto precisa que algunos centros poblados y zonas estratégicas quedan excluidos, debido a que ya cuentan con otras disposiciones de emergencia vigentes.
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Entre ellos figuran Puerto Ocopa y Quiteni en Junín, Kiteni en Cusco, así como las franjas territoriales del Eje Energético del Gas de Camisea y el Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene.
Estado de emergencia en Piura
De forma paralela, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N° 030-2026-PCM, que declara el estado de emergencia por 60 días en diversas provincias del departamento de Piura para enfrentar la criminalidad.
La medida comprende:
- Provincia de Piura: distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos.
- Provincia de Sullana: distritos de Sullana y Bellavista.
- Provincias completas de Paita y Talara.
En estas jurisdicciones también se desplegarán operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas, mientras que las autoridades locales reforzarán las acciones de seguridad.
Además, se declaró en sesión permanente a los comités regionales y provinciales de seguridad ciudadana, y se conformarán comandos operativos encargados de coordinar patrullajes, labores de inteligencia y operativos para reducir la delincuencia y fortalecer el control territorial.
